María Shestopálova, de 21 años, llevaba cinco años enseñando canto en el Centro de Educación Continua de Krasnoyarsk (a más de 4.000 km de Moscú). El 19 de diciembre del año pasado llamó al centro Timur Bulátov, haciéndose pasar por un miembro del Primer Frente Ético Ruso (una organización no registrada oficialmente), y notificó a María que esta no tenía derecho a trabajar como profesora.
Basándose en fotografías y publicaciones de la joven en su página de la red social rusa VKontakte, Timur redactó un documento de 31 páginas que envió al director de la escuela, a la fiscalía y a la administración de la ciudad. Acusaba a a la profesora de “propaganda de la homosexualidad y de llevar un estilo de vida no saludable”: la joven está suscrita a un grupo partidario de las bebidas alcohólicas y había publicado fotografías en las que consumía cerveza y tabaco.
El documento exigía que se despidiera a la joven por el incumplimiento de las normas educativas estatales rusas. En estas normas no existe ningún punto sobre el comportamiento de los pedagogos en las redes sociales ni en internet.
Al día siguiente, María dimitió a petición del director de la escuela. Según escribía ella misma en una página de la red social rusa Pikabu, la escuela la chantajeó diciendo que si se negaba a dimitir, aquello afectaría a la reputación de la escuela, así como a la reputación de la propia profesora y de sus padres.
Tres días después ofrecieron a Shestopálova recuperar su antiguo puesto.Según comenta María a un corresponsal de RBTH, regresó a la escuela pero al cabo de dos semanas dimitió de nuevo.
“Me resultaba incómodo trabajar allí, porque sabía que en cualquier momento me podían volver a sustituir. Después de aquello, el ambiente en la escuela no era demasiado agradable. Los profesores no me apoyaban porque temían perder sus trabajos”, declara Shestopálova.
La joven añade que actualmente trabaja en una escuela de música privada y que lamenta que “la gente que ocupa puestos importantes se tome en serio estos disparates”.
Un caso similar sucedió con Andréi Grishin, jefe de redacción del periódico municipal (financiado con dinero público) Vecherny Magadán (Magadán ese encuentra a 10.200 kilómetros de Moscú). El periodista criticó en su página de Facebook el comportamiento del representante permanente adjunto de Rusia Vladímir Safrónkov, que durante una asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU se dirigió en ruso a un representante británico en términos excesivamente familiares.
Grishin lo comparó con un gópnik, una persona de bajo estatus social, sin educación ni valores morales, a menudo relacionada con las bandas criminales. El editor ironizó proponiendo a los diplomáticos empezar a llevar ropa Adidas con zapatos de piel y comer pipas, describiendo al típico gópnik.
Al día siguiente Grishin fue convocado por la administración local, donde le exigieron que firmara su dimisión.
“El gobierno intenta mantener el control sobre la mente de la mayoría. Creo que estos intentos de ejercer presión se volverán más intensos, pero esto no hará más que empeorar el estado de ánimo de la gente en la capital y en las regiones”, comenta Grishin a RBTH. En el futuro, el periodista planea abrir su propia agencia de información independiente.
Si a los adultos los despiden por publicaciones en las redes sociales, algunos legisladores quieren prohibir por completo el acceso de los niños a estas.
En abril se propuso en la Duma Estatal un proyecto de ley sobre la prohibición de las redes sociales para menores de 14 años. Según el documento, para registrarse en una red social será necesario indicar el pasaporte, que se recibe a partir de la edad señalada.Según los resultados de una encuesta del Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública, un 62 % de los rusos aprueba este proyecto. Sin embargo, en cuanto quedó claro que todos los rusos deberán indicar el pasaporte, y no solo los menores de edad, el número de personas en desacuerdo con la ley se incrementó del 35 % al 52 %.
De todos modos, es muy poco probable que el proyecto salga adelante: fuentes del periódico RBC en la Duma Estatal dudan que sea alago necesario, y Dmitri Peskov, secretario de prensa de Putin, ha declarado que sus puntos son “poco realistas”.
Fuente: Pavel Lisitsyn/RIA Novosti
El seguimiento de las cuentas de maestros y periodistas en las redes sociales por ahora no es un procedimiento oficial. Los funcionarios no tienen tanta suerte. Desde el 1 de julio deben presentar enlaces a todas sus publicaciones y mensajes en las redes sociales e internet. Los bibliotecarios también pueden verse afectados por este control de sus redes sociales. La Asociación de Bibliotecarios de Rusia ha creado las “Normas de comportamiento para empleados de las bibliotecas en las redes sociales”.
Según este documento deberán abstenerse de “declaraciones contundentes de cualquier matiz en cuestiones de política, nacionalidad, orientación sexual y religión” en las redes sociales. Estas exigencias se basan en el hecho de que los periodistas pueden percibir estas publicaciones como la opinión de un representante de la biblioteca y no de un ciudadano de a pie.
Al final del documento se indica que la dirección de la biblioteca tiene derecho a controlar todas las acciones de sus empleados en las redes sociales y, en caso de incumplir estas normas, puede advertirles, amonestarlos e incluso despedirlos.Los abogados no están de acuerdo con estas declaraciones. Ígor Gretski, miembro de la Asociación de Abogados de Rusia, ha estudiado el documento por petición de RBTH y asegura que el empleador no puede controlar el comportamiento de sus empleados, ya que esto contradice la Constitución de Rusia.
Varios días después de la publicación del proyecto, el documento fue eliminado de la página web de la organización. La coordinadora del grupo de trabajo de bibliotecas y redes sociales de la asociación, Ekaterina Shibáyeva, no ha querido comentar la situación. Su secretaria ha declarado a un corresponsal de RBTH que el proyecto sigue desarrollándose.
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