Competiciones de pulsos en una cárcel rusa
TASSConviene recordar que la ignorancia de las leyes no es excusa para su cumplimiento, ni en España, ni en Rusia. Hoy en día la legislación penal rusa es muy parecida a española, sin embargo, el Código Penal ruso tipifica algunas conductas como delictivas que no están en el español y al revés. El hecho de que un acto sea penado en un país y en el otro no, responde a los antecedentes históricos, valores socio-culturales, régimen político, etc. De esta forma, el Código Penal se convierte en el espejo de una sociedad que refleja cuáles son los valores más protegidos, sus problemas y preocupaciones.
Contagiarle a alguien una ETS (enfermedad de trasmisión sexual) en Rusia es un delito. En España dicha actuación podría encajar en el supuesto de lesiones, pero el contagio como tal no está previsto.
Para que la conducta sea delictiva es necesario que el portador de la enfermedad sepa que está enfermo. La pena prevista es de hasta 200.000 rublos (unos 2.666 euros) de multa, el salario de 18 meses o bien un arresto de hasta seis meses. En el supuesto de que el sujeto haya contagiado a dos o más personas o a un menor de edad, la pena de prisión podría extenderse a dos años.
Cabe precisar, que la transmisión del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) es un delito independiente en la legislación rusa y lleva aparejadas unas penas más duras que las previstas para el contagio de las ETS, por suponer un riesgo mucho mayor para la salud pública.
Así, por poner en riesgo de contagio de VIH a una persona, a sabiendas, uno se enfrenta a un arresto domiciliario de hasta tres años o a una pena de cárcel de hasta un año. Para este supuesto no es necesario que se produzca el contagio, ya que la provocación de situación de riesgo es en sí delictiva. En caso de producirse el contagio, el culpable podría ser castigado con hasta cinco años de cárcel.
Ahora bien, si la victima conociera la condición de la persona infectada y accediera voluntariamente a realizar actividades con riesgo de contagio, no hay delito.
Si el contagio afectara a dos o más personas, o a un menor de edad, la pena de prisión podría extenderse hasta ocho años.
Asimismo, este artículo prevé la responsabilidad penal para los profesionales de la sanidad: en caso de que estos, por falta de diligencia, provocaran el contagio de una persona, podrían responder con hasta 5 años de prisión.
La respuesta de por qué el contagio de una ETS o el VIH es objeto de la regulación penal actualmente se encuentra en el pasado: desde los años 20 las enfermedades sociales y la higiene han ocupado un lugar muy importante en la política social de Rusia, hasta el punto de que existían los denominados “cuadros de vergüenza”, dedicados a poner en evidencia a las personas que habían tenido la desgracia de contraer una ETS o no cumplir con la higiene.
A día de hoy, aunque los expedientes médicos no son de dominio público e incluso se puede recibir la atención médica de forma anónima, la salud pública continúa siendo una rama prioritaria para el gobierno y el contagio de ETS/VIH sigue siendo un delito.
Dentro del capítulo de delitos contra la libertad, el honor y la dignidad de la persona del Código Penal ruso se encuentra la hospitalización ilegítima en un psiquiátrico.
Se castiga con hasta tres años de prisión y si el que lo cometiera, utilizara su cargo, hasta siete años de con prohibición de desempeñar determinadas actividades durante tres años. En el contexto social español dicha norma puede parecer bastante estrafalaria, pero los cierto es que en Rusia existen motivos que la justifican. Rusia ha sido uno de los países que han utilizado la psiquiatría con fines políticos, como medida de represión contra los oponentes al régimen.
El primer caso de abuso psiquiátrico en Rusia está datado en 1836, cuando el filósofo Piotr Chaadáiev fue declarado loco tras publicar un artículo crítico en la revista El telescopio. No obstante, en el siglo XIX el mal uso de la psiquiatría era algo poco habitual.
En cambio, después de la revolución de 1917 los casos de internamiento psiquiátrico por motivos políticos empezaron a ser frecuentes y masivos. Ahora este tema continúa siendo actual, aunque no a la escala de antes, más bien se trata de hechos puntuales, pero aun así éstos no pasan desapercibidos y saltan las alarmas en las organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Federación Internacional de Helsinki.
Desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 90, la propiedad privada y la iniciativa empresarial fueron objeto de control y opresión en Rusia. En la actualidad, tras la liberalización de la economía se han superado los vestigios del pasado soviético, sin embargo el Código Penal ruso vigente conserva el delito por la realización de una actividad empresarial sin estar censado o sin disponer de una licencia, cuando fuera pertinente.
Prestar servicios profesionales en Rusia sin estar dado de alta como autónomo supone un hecho penal y lleva aparejada una multa de hasta 300.000 rublos (aproximadamente unos 4.000 euros) o un arresto de hasta seis meses, cuando tal actividad haya causado un gran perjuicio a los ciudadanos, a las empresas o al Estado o si ha generado grandes beneficios. Para que los perjuicios o beneficios se consideren notorios, deben superar 1.500.000 rublos (unos 20.000 euros al cambio actual). Cabe mencionar que es un delito independiente de otros contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que también están previstos en la legislación rusa.
Por lo tanto, ejercer como empresario en Rusia de forma ilegal implica la comisión de varios delitos a la vez. En cambio, en España, el hecho de operar sin estar dado de alta como autónomo, no es una conducta delictiva en sí misma y entraría en el ámbito penal si existiera un fraude a Hacienda superior a 120.000 euros o a la Seguridad Social superior a 50.000 euros.
Para compensar, citamos algunos delitos españoles que no están tipificados en Rusia:
La omisión del deber de socorro prevista en el art. 195 del Código Penal español, en Rusia solo se convierte en un delito cuando la persona, además de poder prestar auxilio, tuviera la obligación de cuidar de la víctima o fuera causante de la situación de peligro.
Tampoco existe el concepto de la sustracción de menores (art. 225 bis del Código Penal español), es decir, en Rusia los progenitores no responden penalmente por llevarse a sus hijos consigo, incluso sin consentimiento del otro progenitor.
Asimismo, la legislación penal rusa pasa por alto el intrusismo y la usurpación del estado civil.
Pese a la globalización y unificación de criterios por las que pasan los países europeos, está claro que los antecedentes históricos, a modo del mapa genético, configuran la realidad social de los países, y por ende, su orden público.
Alina Bondarenko es abogada y Técnico de Comercio Exterior
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