Nadiezhda Sávchenko en Moscú, el 17 de abril, 2015.
ReutersNadiezhda Sávchenko es piloto de las Fuerzas Aéreas de Ucrania y diputada del parlamento ucraniano, fue elegida cuando ya estaba en prisión preventiva, donde está desde julio de 2014.
Según los investigadores rusos, Sávchenko está involucrada en la muerte de dos periodistas rusos de las televisión VGTRK – Ígor Kornelyuk y Antón Voloshin – que murieron en el este de Ucrania en verano de 2014. Supuestamente dio instrucciones a la artillería para disparar a una columna en la que estaban los periodistas.
También está acusada de cruzar ilegalmente la frontera ruso-ucraniana como una refugiada y sin documentación. Los investigadores creen que lo hizo para huir de las milicias de la República Popular de Lugansk. Sávchenko fue detenida en Rusia, en la región de Vorónezh.
Hay testimonios de numerosos testigos en su contra, sobre todo militares de la RPL que participaron en la batalla y capturaron a la piloto. Los fiscales también señalan que Sávchenko admitió en una entrevista que ella dirigía el grupo de artillería que disparó a la columna en la que estaban los periodistas, aunque posteriormente renegó de esas palabras.
Los fiscales solicitan 23 años de prisión para la piloto ucraniana. La pena máxima para mujeres en Rusia por delitos graves es de 25 años.
Sávchenko no admite su culpabilidad y la defensa insiste en su absolución. Los abogados argumentan que en el momento en el que se disparó sobre los periodistas Sávchenko ya había sido capturada por una milicia cerca de Lugansk y que la llevaron a través de la frontera para después ser entregada a los servicios de seguridad rusos.
Según la defensa, una serie de llamadas de teléfono y una grabación en video realizada por un miembro de las milicias confirman estos hechos. En el video se muestra a la detenida Sávchenko, supuestamente antes de la muerte de los periodistas.
Los abogados creen que el caso está amañado y que después del veredicto Sávchenko será intercambiada por ciudadanos rusos que están siendo juzgados en Ucrania. Durante su estancia en prisión Sávchenko ha realizado varias huelgas de hambre. El pasado 4 de marzo comenzó una huelga de hambre y de sed, pero esta última ha durado hasta hoy.
Las élites políticas internacionales han criticado el caso con dureza. El presidente ucraniano Petró Poroshenko se refiere al juicio como una "farsa", que viola la legalidad internacional y cree que Rusia debería devolverla a Ucrania "inmediatamente y sin condiciones".
La UE y EE UU unen el caso con los acuerdos de Minsk. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, declaró que el juicio demuestra "desdeño a los estándares internacionales así como a los compromisos de Rusia en los acuerdos de Minsk".
Por su parte, 57 parlamentarios europeos pidieron sanciones contra el presidente Putin y otras 28 personas. Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rehúsa a devolver poderes a la delegación rusa hasta que Sávchenko no sea puesta en libertad.
En los acuerdos hay un punto acerca del compromiso de liberar a los prisioneros de guerra y a las personas detenidas de manera ilegal, explica Evgueni Minchenko, director del Instituto Internacional de Expertos Políticos, "aunque técnicamente, Sávchenko, en tanto que acusada en un caso penal de asesinato no pertenece a ninguna de esas categorías" y los acuerdos solo se refieren a Ucrania y a las autoproclamadas repúblicas del este. De modo que el intercambio por prisioneros de guerra con Kiev no es posible legalmente.
El caso no tiene nada que ver con las sanciones contra Rusia, que se establecieron por otras causas, sobre todo la actuación rusa en Crimea y en el este de Ucrania. Sin embargo, la politización del caso "es otra excusa par crear un nuevo lote de acusaciones contra Moscú en relación al incumplimiento de los acuerdos de Minsk", dice Dmitri Danílov, director del Departamnto de Seguridad Europeo de la Academia Rusa de las Ciencias.
Según los expertos rusos consultados apenas hay opciones de que esto ocurra. Debido a la gravedad de los cargos y a la resonancia pública del caso, el juicio es una cuestión importante para Moscú y no se espera que haya una sentencia benévola. "Rusia, igual que cualquier estado, tiene que demostrar que no se inclina ante la presión externa", dice el politólogo Alexéi Zudin, miembro del Instituto para los Estudios Socioeconómicos y Políticos.
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