La condena del opositor Navalni, ¿un proceso político?

El Tribunal Leninski de la ciudad de Kírov (a 791 kilómetros al noreste de Moscú) ha declarado a Alexéi Navalni, político de la oposición y director del Fondo de lucha contra la corrupción, culpable de malversación de fondos y le ha impuesto una pena en suspenso de 5 años. Se trata de la segunda condena a Navalni por el mismo caso: la condena anterior, de cinco años de cárcel, le fue impuesta el 18 de julio de 2013.

Posteriormente, la pena fue suspendida y en 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el tribunal había violado el derecho de Navalni (y de Piotr Ofitsérov, el segundo acusado del proceso) a un juicio justo. El 16 de noviembre de 2016 el Tribunal Supremo de Rusia envió el caso de Navalni y Ofitsérov a revisión.

El mismo juicio

El nuevo caso no es demasiado distinto del anterior: el mismo tribunal, los mismos fiscales y las mismas argumentaciones de las partes.

Alexéi Navalny, el principal político opositor de Vladímir Putin. Foto: Reuters

Según los fiscales, en 2009 Navalni (entonces asistente del gobernador de la región de Kírov) y Ofitsérov compraron a precios notoriamente bajos producción maderera a la compañía estatal Kirovles y la vendieron a precios de mercado, causando perjuicios a Kirovles. Tanto en 2013 como en 2017, el tribunal estimaba estas pérdidas económicas en 16 millones de rublos (270.300 dólares).

La defensa opina que Navalni y Ofitsérov compraron y vendieron la madera de forma honrada y en sus acciones no hay indicios de delito. El opositor ha declarado en numerosas ocasiones que el suyo es un proceso político: en su opinión, el gobierno intenta impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2018.

Tras la condena, Navalni se ve privado del derecho a presentarse a la presidencia por estar condenado por un delito grave del Código Penal (artículo 160, “malversación de fondos”), según indica su abogada, Olga Mijáilova. El político ha declarado que piensa recurrir la sentencia.

¿Un procedimiento habitual o una persecución política?

En sus últimas declaraciones, del 3 de febrero, Navalni señala que en este nuevo juicio veía un “mensaje” del gobierno ruso: “Volvemos a advertirte educadamente que no puedes participar en la actividad política”. “Gracias, pero no”, responde el opositor, declarando que su campaña continuará a pesar de todo.

Alexéi Navlalni. Foto: Kommersant

Dmitri Peskov, secretario de prensa del Kremlin, niega las palabras de Navalni e indica que el Kremlin no sigue especialmente el caso de Kirovles, añadiendo que por ahora es pronto para hablar de campañas electorales. “Se está llevando a cabo un procedimiento judicial legal”, comentaba brevemente Peskov los avances del proceso.

Navalni no quiere entregarse

A pesar de que las puertas de las elecciones de 2018 quedan cerradas para Navalni (en el caso de que la apelación no prospere), en su equipo opinan que todo dependerá del deseo del gobierno de permitir que el político se presente a las elecciones, y no de la legislación.

“Creo que (el gobierno) no ha tomado una decisión definitiva respecto a la participación de Navalni”, comenta para la emisora de radio Kommersant FM el observador político Stanislav Kucher. Según el experto, para el gobierno podría resultar beneficioso permitir a Navalni presentarse a las elecciones, ya que se trata de un candidato de la oposición con mucha fuerza, lo que podría dar más peso a la previsible victoria de Vladímir Putin.

Por otro lado, la participación de Navalni en las elecciones supone un gran riesgo para el Kremlin, señala el politólogo Alexéi Makarkin, director adjunto del Centro de Tecnologías Políticas. “La participación de Navalni podría incrementar la participación tanto de sus partidarios como de sus detractores —  declara Makarkin a RBTH —. Pero, el mismo tiempo, si se presenta a las elecciones conseguirá una tribuna, la televisión federal, y esto podría hacer crecer su popularidad”. Navalni tiene pocas posibilidades de ganar a Putin las elecciones, pero su propia participación en la campaña electoral podría darle un capital político adicional, señala Makarkin, y esto no interesa al gobierno.

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