Tiempos difíciles para la oposición rusa

El opositor ruso Alexéi Navalni habla con la policía duranta una manifestación de protesta en la plaza Bolótnaya de Moscú. Fuente: photoshot / vostock photo

El opositor ruso Alexéi Navalni habla con la policía duranta una manifestación de protesta en la plaza Bolótnaya de Moscú. Fuente: photoshot / vostock photo

Tras la adhesión de Crimea a Rusia, la popularidad de Putin se ha disparado. La oposición se encuentra en una situación delicada: aislada, envuelta en procesos judiciales e incapaz de llevar a cabo grandes movilizaciones sociales.

Han pasado dos años desde la convocatoria en Moscú la Marcha de los millones, una protesta multitudinaria que se celebró la víspera de la investidura de Vladímir Putin y que acabó con un cruento enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.

Los acontecimientos de la plaza Bolótnaya (situada en el centro de la capital rusa) marcaron un hito en el apogeo de la oposición, que culminó en los años 2011 y 2012. Según el sociólogo Lev Gudkov, “desde invierno de ese año la disposición a apoyar o participar en acciones de protesta ha alcanzado niveles mínimos desde la caída de la URSS”.

Tras la Marcha de los Millones se inició un proceso judicial sin precedentes en la historia de la nueva Rusia, conocido comúnmente como ‘el caso bolotnoe’. A pesar de que una comisión internacional independiente —integrada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch— concluyó que “la violencia y la alteración del orden se debieron en gran parte a la actuación de las autoridades y especialmente de la policía”, solo los manifestantes fueron requeridos por la justicia.

Se presentaron cargos contra 27 participantes, acusados de distintos delitos: lanzar pedazos arrancados del asfalto, otros de empujar a la policía, volcar un baño portátil, etc. El joven de 23 años Yaroslav Beloúsov, por ejemplo, fue condenado a 2,6 años de prisión basándose únicamente en el testimonio de la policía y en una grabación donde aparece lanzando un limón a la multitud. El 24 de febrero de 2014, otras seis personas fueron condenadas junto a él a periodos de cárcel reales de entre 2,5 y 4 años.
El aislamiento de Navalni

En verano de 2013, Alexéi Navalni — conocido a raíz de la publicación de una investigación anticorrupción en internet— fue condenado a cinco años de prisión por el robo de bienes a la empresa Kirovles.

Después de que el presidente Vladímir Putin calificara la sentencia de “extraña”, fue modificada a libertad condicional. Navalni ya había estado implicado en otro caso relacionado con el robo de 27 millones de rublos (753.000 dólares según el curso actual) a la empresa Yves Rocher. Actualmente, Navalni se encuentra bajo arresto domiciliario, tiene prohibido el uso del teléfono e internet y relacionarse con personas que no sean su familia o sus abogados.

El hecho de que Navalni no fuese a prisión preventiva durante la investigación no es habitual en la jurisprudencia rusa. En opinión de los expertos, esto forma parte de una campaña de descrédito contra él. “La suavidad de trato mostrada hacia Navalni con el caso bolotnoe de fondo lo aleja del común de los manifestantes”, comenta Alexander Pozhálov, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Políticas, cercano al Kremlin.

El septiembre Navalni participó en las elecciones a la alcaldía de Moscúy perdió contra el oficialista Serguéi Sobianin, que según los resultados oficiales obtuvo el 51,37% de los votos.

Unos al parlamento, otros a la cárcel

El Gobierno ha tomado la senda del endurecimiento de la legislación. Se han introducido nuevos requisitos para la organización de actividades públicas y han aumentado las multas por infracciones cometidas durante los mítines.

Según el promotor del correspondiente proyecto de ley, el diputado Andréi Krásov, estas medidas son imprescindibles para mantener el orden y “garantizar una vida tranquila al resto de los ciudadanos”.

El 1 de febrero de 2014, entró en vigor la ley de bloqueo extrajudicial de recursos de internet “que insten al desorden público”. El representante del Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, Vadim Ampelonski, asegura que esta ley no está destinada a la oposición, sino que pretende combatir “el extremismo en internet y los llamamientos a la actividad terrorista”.

Borís Kagarlitski, sociólogo y periodista de izquierdas, cuenta la siguiente historia: “En respuesta a la pregunta sobre qué harán ustedes con la oposición, un alto cargo público pronunció delante de mí una frase inaudita: 'a la oposición la encarcelamos... unos al parlamento, otros a la cárcel... solo que aún no sabemos muy bien quién debe ir a dónde”.

El candidato de la oposición logró vencer el año pasado en las elecciones para el puesto de alcalde de Ekaterimburgo (la cuarta ciudad de Rusia en número de habitantes). “Ahí está la esencia del experimento”, aclara Kagarlitski. “Cada individuo puede ser utilizado de dos maneras, solo que la parte del parlamento no está aún muy elaborada”.

La ‘mano de occidente’ y los ‘agentes extranjeros’

“La oposición no se encuentra ahora en su mejor momento”, reconoce uno de los líderes de su ala liberal, Borís Nemtsov. “Muchos de nuestros compañeros están entre rejas, otros en busca y captura, algunos han emigrado…”

“Como fuerza política organizada han dejado de existir, porque se ha producido un desmarque de algunos grupos”, explica Iliá Ponomárev, político de la oposición y diputado de izquierdas.

Sin haber cumplido siquiera un año, el Consejo de Coordinación de la Oposición de Rusia creado el octubre de 2012 se desmoronó debido a las discusiones internas entre sus miembros.

Según el sociólogo Lev Gudkov, “las consignas que proponía la oposición —‘Por unas elecciones justas’, ‘Contra la corrupción’ o ‘Por la reforma electoral’— inicialmente eran apoyadas por casi la mitad de la población, hasta que se puso en marcha la máquina propagandística del Kremlin y se lanzó el discurso de la ‘mano de Occidente’ y ‘los agentes extranjeros’ (las ONG que recibían fondos extranjeros fueron obligadas a registrarse como ‘agentes extranjeros’)”.

“Un puñado de acusaciones lanzadas desde el Kremlin logró neutralizar la agudeza de las consignas de la oposición”, continúa Gudkov. “A partir de un momento dado, la opinión pública fue prestando más oído al Kremlin y poniéndose de su parte”.

La situación cambia un poco en Moscú, donde el activismo en las protestas siempre ha sido mayor. Por ejemplo, el 15 de marzo de 2014, 50.000 personas (según los organizadores) asistieron a una manifestación para protestar contra la intervención militar de Rusia en los asuntos de Ucrania. “Recientemente se ha formado un grupo de gente bastante numeroso que siempre asiste a los mítines”, dice Iliá Ponomárev. “Cuando empezó todo esto, había unas 500 personas en todo Moscú, ahora son 20.000”.
La situación de Ucrania ha acabado con la oposición

Solo el 7 % de la población siente vergüenza, indignación y rechazo ante la actuación de la administración rusa, según datos presentados por Lev Gudkov.

“Una parte significativa de los que antes simpatizaban con la oposición, aprueba ahora la política del Kremlin”. Al parecer, los opositores que rechazan la política de Rusia en Ucrania caminan a contracorriente de la mayoría y los demás también han perdido su visión política al verse forzados a solidarizarse con el discurso de las autoridades.

Difícilmente se puede esperar un aumento de la actividad en las calles próximamente. “Tal como yo lo entiendo, la parte más sensata de la oposición liberal se está convirtiendo en una oposición cultural e ideológica, sin tener muy en cuenta el impacto político que esto tendrá en un futuro próximo”, afirma el politólogo Mark Urnov.

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