No es de extrañar que solo los extranjeros puedan ser deportados de Rusia. Los ciudadanos rusos no pueden ser expulsados de su propio país, independientemente de lo atroz que sea el crimen. Pero la situación cambia con los ciudadanos de otros países. A veces, cosas inofensivas pueden llevar a la deportación.
Una familia étnicamente rusa que se había trasladado a Smolensk desde Turkmenistán en 2016 y solicitó la ciudadanía se enfrentó a la amenaza de deportación cuando el padre llevó a su familia de cuatro personas desde su destartalado alojamiento oficial a un nuevo apartamento alquilado en la misma ciudad.
Según la ley de migración, los no ciudadanos de Rusia deben residir en la dirección oficial de registro. La reubicación de la familia fue un delito bajo la cláusula de “entrega de información falsa”.
La familia logró evitar la deportación tan solo tras una serie de largos procedimientos legales y varias cartas a políticos, policías e incluso al presidente.
Los que violan la ley no se salvan por tener hijos nacidos en Rusia. A diferencia de EE UU, Rusia no practica el ius soli o la ciudadanía por derecho de nacimiento. En algunos casos esto provoca casos de inseguridad jurídica, lo que puede conducir, sin saberlo, a la separación familiar.
En febrero de este año, una familia de Afganistán que estaba en San Petersburgo estuvo a punto de que la separaran, cuando un tribunal dictó una orden de deportación contra los padres de cuatro hijos. La familia se salvó tras solicitar asilo temporal en Rusia.
En virtud de la legislación rusa, nadie puede ser deportado mientras esté pendiente una solicitud de asilo. Sin embargo, no hay garantías de que se conceda asilo a la familia, por lo que es posible que se vean obligados a hacer las maletas.
Mientras tanto, una ciudadana de Uzbekistán que dio a luz a un niño en Tver fue aún menos afortunada. Fue deportada junto con su hijo recién nacido y tuvo que pagar una multa de 2.000 rublos.
Los extranjeros que olvidan prolongar su derecho de estancia se arriesgan a ser deportados. En ocasiones un simple despiste puede ser fatal.
En 2018, un egipcio que trabajaba en un aserradero de la región de Nóvgorod fue deportado por no haber solicitado una prórroga para permanecer en el país. Para el tribunal es irrelevante si hay mala intención o si se trata de un olvido. Una violación de la ley es una violación de la ley y punto.
Algunos aprovecharon el régimen simplificado de visados para los aficionados al fútbol durante la Copa del Mundo de 2018, y se quedaron más tiempo del previsto.
En febrero de 2019, dos ciudadanos nigerianos fueron detenidos en la región de Leningrado (San Petersburgo) y repatriados. Habían venido a apoyar a su equipo en el Mundial, pero decidieron quedarse y solicitar un permiso de residencia. Cuando no se lo concedieron, se quedaron en situación irregular.
Según la policía, después del campeonato se quedaron en Rusia unos 5.500 aficionados. Según informa el canal de Telegram Mash, se ha emitido una orden gubernamental para que todos los aficionados que se hayan quedado ilegalmente más de lo permitido sean deportados antes del 30 de junio de 2019.
A veces, la razón de la deportación es más convincente. El 11 de diciembre de 2018, los agentes de seguridad del FSB detuvieron a un ciudadano uzbeko en Rostov por ponerse en contacto con militantes de la ciudad siria de Idlib con miras a unirse a ellos.
El FSB entregó al presunto terrorista a la policía uzbeka y lo expulsó del país. Aunque los delitos relacionados con la actividad terrorista pueden conllevar un castigo mucho más grave que la deportación.
A las personas expulsadas de Rusia se les niega el derecho a entrar en el país durante un período que va de tres a cinco años, en caso de que sea la primera expulsión. Aunque quienes están desesperados por volver siempre buscan la manera de hacerlo. Una de las formas más comunes y obvias de engañar a los funcionarios de inmigración es con un cambio de apellido.
El 23 de febrero de este año, la policía de Cheliábinsk arrestó a un migrante en situación irregular porque había eludido una prohibición de entrada a Rusia, después de su primera deportación, cambiando su nombre y documentos. En esta ocasión se pueden presentar cargos penales por cruzar ilegalmente la frontera rusa, lo que conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión.
A pesar de estas duras historias, la gente que respeta la ley no tiene por qué preocuparse. Los extranjeros que entran legalmente en Rusia y obedecen la legalidad no son deportados.
Hay que estar atento a la fecha de vencimiento de los documentos, renovar el visado o permiso de residencia a tiempo y no trabajar ilegalmente. En la mayoría de los casos, el sentido común ayudará a evitar ser arrastrado.
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