Esta es la primera vez que se acusa de corrupción al presidente Putin de manera personal y oficial. Las declaraciones las realizó el subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Adam Szubin, en un documental de 30 minutos de duración titulado Las riquezas secretas de Putin, emitido por la británica BBC One el pasado 25 de enero.
Putin es el hombre más rico de Europa, posee 40.000 millones de dólres, un yate y un palacio, y todo el mundo lo sabe, se comenta en el documental. Este “revelador” programa, que el Kremlin ha calificado de calumnia inmotivada, se emitía la víspera de la asamblea del Consejo presidencial para la lucha contra la corrupción en Rusia, donde precisamente se trató el tema de las enormes pérdidas económicas que ocasiona este problema.
En la asamblea, Vladímir Putin exigió a los miembros del Consejo que tomaran medidas drásticas para recuperar todos los activos sacados del país de forma ilegal. Después de todo, el país se encuentra en crisis y de los 15.500 millones de rublos (201 millones de dólares) que había que requisar a los corruptos condenados por los tribunales el año pasado únicamente se lograron recuperar 7,6 millones de dólares.
“Estarán de acuerdo conmigo en que se trata de unos resultados más que modestos”, señalaba Putin.
El año pasado la sociedad rusa se vio conmocionada por los arrestos de más de una decena de miembros de la élite política regional, entre ellos dos gobernadores en funciones. Uno de ellos, el gobernador de Sajalín Alexander Joroshavin, fue enviado a Moscú en un convoy de policía justo después de registrar su domicilio. Su caso contemplaba la legalización de activos robados por valor de más de 15 millones de dólares, la aceptación de sobornos por valor de 5,6 millones y la incautación de más de 60 kg de joyas y 150 relojes con precios de entre 30.000 y 1 millón de dólares que se hallaron en una caja fuerte.
Las declaraciones acerca de una purga en las élites han comenzado a sonar cada vez con más fuerza. Parece que el Estado seguirá dando tirones de oreja a los más derrochadores, y es que cerrar los ojos a la corrupción en tiempos de crisis es un lujo que nadie se puede permitir.
No obstante, por ahora no se ha condenado a ningún pez gordo, y en los últimos acontecimientos se ve una tendencia totalmente distinta, más propia de las épocas de crisis: cuando el pastel es cada vez más pequeño y la competencia por los recursos no se reduce, comienza una guerra entre los distintos clanes, esta es la opinión de Yuri Nisnevich, investigador del Laboratorio de Política Anticorrupción de la Escuela Superior de Economía. Finalmente gana el que cuenta con el padrino más influyente.
De hecho, las transferencias a los presupuestos regionales en 2015 se han reducido en todas las regiones excepto en Chechenia. “La crisis, que suele provocar una batalla por los fondos administrativos, también puede incrementar el rendimiento del presupuesto”, opina el director general del Centro de Investigaciones Anticorrupción de Transparency International – Russia, Antón Pominov.
Con la crisis han aumentado también las precauciones que toman los funcionarios de menor nivel, según constatan los expertos. Tampoco han aparecido nuevos sistemas de corrupción. De hecho, como en tiempos de crisis apenas entran nuevos participantes en el mercado, se ha reducido el número de sobornos a cargos de responsabilidad. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, el importe del soborno medio en Rusia se ha incrementado.
En 2015 ha alcanzado la marca de los 9.440 dólares (durante el ejercicio anterior este índice se estableció en los 5.600 dólares), asegura la Asociación de Abogados de Rusia por los derechos humanos.
En septiembre el volumen de corrupción en Rusia se valoraba en un índice récord: el 54 % del PIB nacional. Estas cifras obligan a reflexionar más seriamente sobre la corrupción, un fenómeno que está liquidando el presupuesto federal.
En la asamblea del Consejo Anticorrupción, el jefe de la Administración del presidente, Serguéi Ivanov, ordenó crear un mecanismo para incautar las propiedades a los funcionarios si existen discrepancias entre sus ingresos y sus gastos. El problema es que recuperar el dinero de una villa adquirida de forma ilegal en Grecia, por ejemplo, no es tarea fácil. Para ello es necesario convencer a los organismos griegos de que la vendan, es decir, activar los contactos con los socios extranjeros. “Y en este sentido, en nuestro país las cosas no funcionan demasiado bien…”, opinan los miembros de Transparency International.
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