Breve historia de la corrupción en la Rusia imperial

Vladímir Putin afirmó que su tercer mandato se centraría en la lucha contra los funcionarios corruptos, tanto de la administración central como de las regiones.

En 2006 ya se realizaron avances en esa dirección. Rusia ratificó la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas y, en consecuencia, se vio obligada internacionalmente a aplicar medidas efectivas contra las ganancias ilícitas y el fraude fiscal.

El segundo paso significativo se dio en el mandato de Dmitri Medvédev en 2008, cuando se firmó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Sería necesario trazar una breve historia del soborno y el abuso de poder en la Rusia imperial para entender qué tipo de medidas anticorrupción se han mostrado efectivas en el pasado. 

Las raíces históricas de la corrupción

En la Rusia medieval, los sobornos existían solo en los juicios, donde actuaban como jueces los camaradas más importantes de los príncipes (o, en las regiones del centro del país, los príncipes en persona).

Con la consolidación del poder en Moscú, que comenzó en el siglo XV, empezó a emerger un Estado centralizado donde surgió la necesidad de controlar y defender las ciudades fronterizas, expuestas a los ataques de los jinetes tártaros nómadas.

Durante los siglos XV y XVI, los grandes príncipes moscovitas enviaban a sus oficiales como gobernadores de esas lejanas regiones. Los gobernadores no recibían salario, sino bienes y comida de la gente del pueblo, una práctica conocida como kormlenie (literalmente, alimentación).

La necesidad de la alimentación surgía de factores geográficos y económicos: falta de dinero en efectivo, que se usaba casi exclusivamente para el comercio exterior, y las grandes distancias que separaban el centro de las regiones, ya que los salarios no llegaban a tiempo, o no llegaban nunca, porque los mensajeros eran atacados por salteadores de caminos.

Con el desarrollo del Estado y la creación de los primeros departamentos administrativos, conocidos como prikazi (literalmente, órdenes), la corrupción alcanzó niveles sin precedentes.

A mediados del XVII, había más de 50 órdenes judiciales, territoriales y ejecutivas subordinadas al Gobierno central, la Duma de los Boyardos, un consejo de oficiales militares nobles, leales al Zar (y, con frecuencia, corruptos). Los boyardos, que gobernaban los órdenes mediante subordinados (diaks), estaban obligados a controlar personalmente los gastos, lo que hacía inútil esta función de supervisión.

El aumento de la corrupción y la subida de impuestos desembocó finalmente en 1648 en la primera revuelta anticorrupción en la historia rusa, conocida como Disturbio de la Sal.

El zar Alexéi Mijáilovich, Alejo I, que tenía 19 años cuando estalló la revuelta, aprendió que, para controlar la corrupción, era necesario establecer una organización independiente. La Orden Privada, que surgió en 1653, aunaba las funciones de la cancillería privada del Zar y de la oficina supervisora, subordinada solo al Jefe del Estado.

Ninguno de los boyardos participaba en los asuntos de esta Orden; sus funcionarios investigaban casos de soborno, robo y crímenes contra el Estado y el Zar. La Orden Privada, abolida tras la muerte de Alexéi Mijáilovich, está considerada como la primera institución de control de la historia rusa.

Las reformas de Pedro el Grande generaron drásticos cambios en el gobierno. Se disolvió la Duma de los Boyardos, las órdenes fueron sustituidos por ‘collegia’. Se establecieron salarios, por lo que ya no hubo necesidad de kormlenie; de este modo, el que un funcionario aceptase un soborno se convirtió en un delito.

Por otra parte, la fundación de nuevas ciudades y la necesidad de suministros para el ejército que luchaba en la guerra contra Suecia abrió un amplio abanico de oportunidades para el robo. La corrupción había llegado a niveles preocupantes y el príncipe Menshikov, el consejero más cercano y la mano derecha del Zar, era el mayor ladrón de todos. "Solo tengo una mano derecha, y roba", se quejaba Pedro. 

Pedro I y su lucha contra los corruptos

Las medidas de Pedro I contra la corrupción fueron numerosas: todos los departamentos estaban obligados a remitir informes anuales al Senado, el órgano ejecutivo más importante. Desde 1722, el Senado también estaba obligado revisar las instituciones locales para descubrir y castigar a los oficiales corruptos. Del mismo modo, se instituyó la figura del fiscal general. Lamentablemente, tras la muerte de Pedro el Grande, se prestó poca atención a sus disposiciones: el Senado no recibía informes, los fiscales se concentraban principalmente en juicios políticos y solo se realizó una revisión, en 1726.

La nobleza rusa, que adquirió un poder increíble a lo largo del siglo XVIII, no estaba interesada en mantener un programa anticorrupción solido, que supondría un obstáculo para sus propios intereses. No es una sorpresa que desde 1726 hasta finales del XVIII no hubiese ningún tipo de revisión por parte del Senado.

El Fiscal General, que también debía investigar delitos contra el Estado y dirigía la política doméstica en los campos de la justicia y las finanzas, no tenía tiempo para luchar contra la corrupción a escala nacional.  

Cambios en el poder

El cambio tuvo lugar en el reinado de Pável I, que ordenó el 6 de octubre de 1799 que los senadores realizasen una revisión completa de las instituciones del Imperio.

Los resultados fueron impresionantes: cientos de funcionarios corruptos fueron sustituidos y encarcelados. La revisión hizo que se agilizase el papeleo en las regiones y el poder central recibió una enorme cantidad de información sobre el estado real del país.

A lo largo de los años, las revisiones del Senado demostraron ser el arma más efectiva para luchar contra la corrupción. Durante la primera mitad del XIX, se llevaron a cabo más de 80 revisiones, y algunas regiones fueron revisadas dos o tres veces. Los senadores permanecían en las regiones durante meses o incluso años, recogiendo las quejas de los habitantes y escribiendo informes.

Estos senadores no tenían relación con los funcionarios locales y eran imposibles de sobornar ¡eran demasiado ricos! Muchos de los senadores conocían al Emperador en persona, por lo que sus informes no pasaban a través de las instituciones, sino que ofrecían directamente al Emperador una narración de primera mano de los asuntos del Estado. Las revisiones del Senado intimidaban a los funcionarios corruptos y fortalecieron la eficacia de la administración local.

Pero esta situación no duró mucho: tras la muerte de Nicolás I descendió notablemente el número de inspecciones regulares. Es cierto que el Estado había creado diferentes organismos, como la 3ª Sección de la Cancillería de Su Majestad Imperial, para supervisar al personal civil y militar de la capital y luchar contra la corrupción. Pero su principal desventaja era su localización: sus cuarteles estaban situados en la capital y no tenían presencia en las regiones, problema que había sido resuelto por las revisiones del Senado.

Además, la oficina central se especializó en la corrupción a gran escala, mientras que los pequeños sobornos cotidianos en las regiones quedaban impunes. Con el tiempo, la situación empeoró, hasta el punto que se ha señalado la corrupción en el ejército y entre los oficiales de alto rango como causa principal de la derrota en la guerra entre Rusia y Japón y en la I Guerra Mundial.

La historia de las medidas anticorrupción en la URSS merecería una revisión aparte: sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones a partir del ejemplo del Imperio ruso. Este breve repaso histórico muestra que la lucha contra la corrupción es más efectiva si los altos funcionarios más propensos a recibir sustanciosos sobornos, debido a su alto nivel económico, están subordinados al poder central y se les pueden pedir responsabilidades por sus acciones. La presencia real de los funcionarios también es crucial para la efectividad de la investigación.

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