La modificación afectará a las parejas extranjeras de más de 15 países, entre ellas España, Uruguay y Argentina. Fuente: ITAR-TASS
Con el cambio de normativa, la prohibición de la adopción no solo afectará a las parejas a del mismo sexo, según una ley que ya fue aprobada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en julio de 2013, sino a todos los ciudadanos cuyos países reconocen los matrimonios homosexuales.En el texto legal se dice que lo que se pretende es garantizar “una educación armoniosa y de pleno valor”. Mientras que los detractores anuncian que es contraria al derecho internacional.
A finales de diciembre el Gobierno español autorizó la firma del convenio sobre adopciones internacionales entre España y Rusia. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha asegurado, tras la sesión informativa del Consejo de Ministros que el acuerdo se adoptó en una reunión entre las autoridades españolas y rusas el pasado 3 de octubre.
Las reformas legislativas que regulan los requisitos exigidos a las familias adoptivas no solo despiertan controversia en Rusia.
Las nuevas medidas afectan directamente a numerosos países: España, Argentina, Brasil, Uruguay, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Israel, Islandia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Francia, Suecia, Sudáfrica y en catorce estados de los EE UU.
En España, desde la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, las parejas casadas o no, tienen la posibilidad de adopción. Sucesivas encuestas han mostrado que la mayoría de la población española apoya la medida.
En Argentina, la ley permite la adopción por una persona, sin hacer referencia a preferencia sexual del adoptante. Tras la modificación del Código Civil el 15 de julio de 2010 se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que las personas homosexuales pasan a tener posibilidad de adoptar.
Por su parte, en la mayoría de los países del mundo existe la prohibición tanto del matrimonio homosexual como de la adopción homoparental. Entre los países europeos se encuentra Grecia, Chipre, Malta, Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumanía, Serbia y Ucrania. Rusia entraría en esta relación de países.
Los líderes religiosos rusos han condenado en declaraciones públicas las leyes que permiten la adopción homoparental en algunos países de Europa. En particular, el presidente del Departamento de Información Sinodal, Vladímir Legoida, señaló que recientemente algunos países europeos han introducido una serie de cambios que atentan contra la familia.
“El reciente reconocimiento, por parte de algunos Estados, de las uniones entre personas del mismo sexo como familias, lo que les concede el derecho a la adopción, es la nota final de un largo proceso de negación de los conceptos de pudor, templanza y fidelidad conyugal”.
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Por su parte, el presidente del Consejo de Derechos Humanos, Mijaíl Fedótov, considera que la ley que prohíbe la adopción de niños por parejas del mismo sexo en Rusia es excesiva: “En Rusia, las adopciones están sujetas siempre a una resolución judicial. Para formular la sentencia de adopción, el juez se guía por el Código de la Familia de la Federación de Rusia, en el que se indica que el matrimonio es la unión equitativa entre un hombre y una mujer”.
Por otro lado, Olga Sinianeva, autora de un documental sobre niños huérfanos, afirma que ella “es partidaria de las relaciones tradicionales, pero los niños que crecen en orfanatos crecen con una carencia permanente de algo, sobre todo, de contacto emocional. Esta situación es crítica y si una pareja del mismo sexo o ciudadanos que no están casados pueden ofrecerle este contacto, el niño prospera, revive y sigue adelante”, asegura.
Según el Defensor del Menor de Rusia, Pável Astájov, el 1 de enero pasado en el país había 106.646 huérfanos o niños que se habían quedado sin la tutela de sus padres frente a los 140.355 registrados en 2009, lo que representa un 36 % menos.
Por su parte, con el objetivo de facilitar las adopciones en el propio país, los padres adoptivos tardarán menos a la hora de hacer gestiones burocráticas. Entre otras medidas, no tendrán que presentar una certificación técnico-sanitaria de su vivienda.
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