Una pareja condenada a cuatro años de cárcel por piratear películas

El tribunal de Moscú ha condenado a la pareja a cuatro años de cárcel, tras declararlos culpables de haber distribuido ilegalmente películas empleando archivos torrent y de haber causado un perjuicio a las principales productoras cinematográficas por valor de 23 millones de dólares (750 millones de rublos).

Aunque la fiscalía había pedido que los acusados cumplieran tres años de reclusión en una colonia penal, la corte ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de que los cónyuges tienen hijos pequeños (uno de ellos, Nadezhda, nació cuando ya estaba en curso la instrucción judicial), así como el hecho de que no tengan antecedentes penales.

Los acusados, sin embargo, no reconocieron su culpa, alegando a modo de justificación que el uso de archivos torrent es una práctica habitual para millones de rusos. Pero todavía es temprano para poner punto final al primer juicio por piratería informática en Rusia: tal como declaró a este medio el abogado del Partido Pirata de Rusia  Sarksis Darbinyan, que ha defendido los intereses de los Lopujov durante la causa, la organización tiene previsto presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, considerando que la sentencia es peligrosa para los derechos de los internautas.

Konstantín Zemchenkov, director de la Organización contra la piratería de Rusia, comentó en declaraciones a Rusia Hoy que está satisfecho con la sentencia, aunque hubiese preferido que los piratas informáticos entraran en prisión.

Según datos de la Fiscalía General, la pareja de piratas colgó en la red, desde abril de 2007 hasta septiembre de 2008, una treintena de películas y dibujados animados protegidos con copyright y lo hizo desde ordenadores que se hallaban en su propio domicilio: entre los títulos pirateados figuraban la película soviética Ironía del destino, Resident Evil 3 y Shrek 3.

También hay películas de productoras de Hollywood: 20th Century Fox, Disney, Paramount, Sony, Universal y Warner Bros, así como las rusas Central Partnership y Paradise, entre otras. 

Andréi era el administrador de Interfilm.ru, que llegó a estar entre los 20 sitios webs más visitados  en Rusia y fue bloqueado en mayo de 2009, mientras que su mujer administraba el sitio web www.puzkarapuz.ru, en el que se alojaban películas de dibujos animados y programas infantiles destinados a rusos y ucranianos, y que se clausuró en octubre de 2010. En la red el matrimonio utilizaba los pseudónimos de Shturman y Nadezhda.

Su modus operandi era sencillo: los dos piratas compraban copias ilegales de películas a personas de países donde los filmes se ponían en alquiler antes que en Rusia, doblaban la película al ruso y la revendían mediante los dos sitios web que administraban, empleando varios sistemas de pago e-wallet de la red.

Según BBC Russia, los Lopujov se dedicaban a la source-piracy: con las películas que ellos colgaban otros piratas hacían copias y las distribuían por todo el mundo, poniendo sonido a las imágenes.

La defensa del matrimonio argumentó, sin embargo, que no obtenían un beneficio económico de los usuarios por descargarse las películas, sino que el dinero procedía del alojamiento de banners publicitarios, de donaciones voluntarias de los usuarios, así como de la opción de incrementar la velocidad durante la descarga del archivo.

Hace año y medio Andréi Lopujov publicó en la red un llamamiento a otros internautas rusos, que decía así: “En la actualidad me juzgan por intercambiar archivos torrent en internet. Me reclaman 38.000 millones de rublos (1.200 millones de dólares) por lo que todos hacemos a diario. Cualquier día de estos os podéis encontrar en mi lugar”, e invitaba a suscribir una carta dirigida a quien entonces ostentaba el cargo de primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, en la que se solicitaba que corrigiera esa situación por la cual “copiar un archivo de internet acarreaba un castigo más severo que asesinar a una persona”.

Más tarde, según el abogado del Partido Pirata de Rusia, Sarksis Darbinyan, la cantidad se redujo a 750 millones de rublos (23 millones de dólares). 

Según el director de la Organización contra la Piratería de Rusia, Konstantín Zemchenkov, dado que se trata del primer caso en Rusia contra una web con contenidos piratas, es complicado cuantificar con exactitud la magnitud de los daños. “Las compañías estimaron que su perjuicio económico ascendía a una suma considerable. Dado que había muchas películas, el instructor multiplicó automáticamente esta suma por el número de títulos pirateados”, explica.

Su organización, que se creó hace quince años para combatir la piratería de vídeo en Rusia con el apoyo de corporaciones norteamericanas, colaboró con la instrucción durante la investigación de este caso histórico.

En concreto, fue necesario todo un año para documentar debidamente las películas que finalmente se incluyeron en la causa.

Zemchenkov también elogió a colegas holandeses por su colaboración con la instrucción. “Es un mito que sólo se pueda combatir contra los piratas cuyo proveedor esté en Rusia. El sitio web Interfilm.ru se alojaba en un proveedor holandés que, gracias a la colaboración con las agencias legales locales y rusas, nos envió un disco duro que contenía toda la información, incluidas las películas”.

Zemchenkov también declaró que en la actualidad se están preparando cinco demandas más contra presuntos piratas informáticos para presentarlas en los tribunales y que, después de este primer juicio, los jueces ya contaban con una guía de cómo proceder. 

El Partido Pirata de Rusia, por su parte, en una entrevista concedida a Rusia Hoy, ha expresado su temor a que esta sentencia pueda poner en una situación de ilegalidad a cualquier usuario que cuelgue un archivo torrent en la red.

“Los dos principales inconvenientes de esta sentencia es que equipara los archivos torrent y los enlaces a objetos sujetos a derechos de autor (como, por ejemplo, películas) y permite que los propietarios legales del copyright establezcan la cuantía del perjuicio causado”, dijo Darbinyan, que tiene previsto interponer un recurso de apelación a la sentencia en un plazo de diez días.

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