La etiqueta de “agente extranjero” todavía genera controversia

Mijaíl Fedotov, presidente del Consejo Ruso para los Derechos Humanos y el presidente ruso Vladímir Putin, durante una reunión del Consejo sobre la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. Fuente: ITAR-TASS

Mijaíl Fedotov, presidente del Consejo Ruso para los Derechos Humanos y el presidente ruso Vladímir Putin, durante una reunión del Consejo sobre la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. Fuente: ITAR-TASS

En noviembre del año pasado la Duma Estatal (el parlamento ruso) aprobó la introducción de una serie de enmiendas en las leyes reguladoras de las ONG en Rusia. Entre las leyes enmendadas se incluye la de Asociaciones Públicas, de 1995; la de Organizaciones sin Ánimo de Lucro, de 1996; y la de Organizaciones de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo Financiero, de 2002.

De conformidad con estas enmiendas, cualquier ONG que reciba capital foráneo y se dedique a actividades de carácter político en Rusia debe registrarse como “agente extranjero” a través del Ministerio de Justicia del país eslavo. No hacerlo implicaría multas de hasta 16.000 dólares para las organizaciones y 11.000 para las personas físicas. El incumplimiento también podría acarrear hasta dos años de prisión al personal de las ONG. 

En teoría, las enmiendas no tendrían que afectar a ONG dedicadas al área de la religión, la ciencia, la cultura, el arte o el trabajo social, ya que se dirigen a las organizaciones extranjeras que pretendan influir en la opinión pública y en la toma de decisiones del Gobierno.

Las ONG que cumplan los criterios de “agentes extranjeros” de acuerdo con las mencionadas enmiendas también deben identificarse como tales en cualquier material que distribuyan. Asimismo, deben informar periódicamente a las autoridades de sus actividades y finanzas.

Según el Gobierno ruso, las leyes enmendadas se basan en el Acta de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos (FARA) de 1938, sin embargo, la versión rusa ha sido criticada por su ambigüedad y por abarcar un campo de aplicación más amplio.

Tras la primera lectura de las enmiendas efectuada en la Duma del Estado el año pasado, estas obtuvieron 374 votos a favor, tres en contra y una abstención.

El Gobierno mantiene que la ley es necesaria para evitar la injerencia extranjera en la vida política de Rusia y para garantizar la transparencia en las actividades de las ONG en el país.

Uno de los autores de la ley, el diputado Alexánder Sidiakin —del partido gobernante Rusia Unida— destacó que las enmiendas facilitan el control público de las actividades de las ONG calificadas como “agentes extranjeros”.

“La ley no prohibe la financiación extranjera, solo exige honestidad”, comentó la diputada de Rusia Unida Irina Yarovaya, defensora de la ley.  “Cuando nos presentamos a otras personas decimos nuestro nombre; las ONG deberían hacer lo mismo”.

Human Rights Watch afirma que Rusia está utilizando la ley de “agentes extranjeros” para “restringir gran parte del campo de actuación de las ONG”. 

“Es una ley disparatada”, comenta Liudmila Alexéyeva, directora de la asociación Moscow Helsinki Group. “Es un ataque a la sociedad civil y a la democracia. Ellos –el Gobierno– pretenden hacernos parecer traidores ante nuestros propios conciudadanos”.

Los defensores de los derechos humanos dicen que el término “actividades de carácter político” tiene una interpretación muy amplia y que se han llegado a incluir en él a organizaciones relacionadas con la conservación de la vida salvaje y otras que combaten la discriminación contra las comunidades LGBT.

Esta primavera, el presidente ruso Vladímir Putin anunció que, de acuerdo con las fuerzas del orden, 650 ONG rusas recibieron cerca de 1.000 millones de dólares de capital extranjero solo en 2013. Aunque aún no se han publicado los detalles de estos cálculos.

Las declaraciones de Putin surgieron tras una inspección de alcance nacional efectuada a cientos de ONG a partir del mes de marzo, cuando el Ministerio de Justicia anunció que comprobaría la correspondencia de las actividades de las ONG de Rusia con los objetivos establecidos en sus estatutos y con la legislación rusa.

Se estima que ya han sido revisadas por los funcionarios hasta 2.000 organizaciones, aunque solo alrededor del 1% de ellas (22 organizaciones) han sido calificadas de “agentes extranjeros”.

Numerosos grupos, incluidas las ramas rusas de Human Rights Watch y Transparencia Internacional, han presentado quejas denunciando la ilegalidad de la actuación de los fiscales del Estado ruso. Estos grupos siguen a la espera de que sus quejas sean escuchadas.

Irónicamente, un grupo ambientalista dedicado a la protección de las grullas y las cigüeñas de Siberia ha sido una de las ONG etiquetadas como “agentes extranjeros”, a pesar de que el propio Putin es conocido por sus campañas de protección de estas aves.

En cuanto a la imposición de sanciones por incumplimiento de la ley, la pionera ha sido la asociación Golos —única organización independiente rusa de observación electoral—. Golos se ha visto obligada a pagar cerca de 10.000 dólares por no registrarse como “agente extranjero”.

El Centro de Apoyo a las Iniciativas Populares de Kostromá también ha sido sancionado. Este centro alegó, en un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, que la ambigüedad encerrada en la expresión “actividades de carácter político” incluida en la redacción de la ley afecta a los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El Consejo Presidencial para los Derechos Humanos comparte esta misma opinión; su presidente, Mijaíl Fedótov, ha tratado de persuadir a Putin de que retire el término “agentes extranjeros” de la ley.

Sin embargo, Putin sigue decidido a mantener el término, aunque con una explicación más clara.

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