El sueldo importa más que la libertad de expresión

En la encuesta participaron 1.500 personas, residentes en 100 comunidades urbanas y rurales, distribuidas entre 43 regiones del país. Más del 70% de los encuestados evaluaron el derecho a la atención médica gratuita como uno los derechos más esenciales. 

En segundo lugar colocaron, por un lado, el derecho al trabajo y a una remuneración justa (57%) y, por otro, el derecho a la educación gratuita (54%). 

Al mismo tiempo, el 21% declaró que en los últimos dos años sus derechos o los de sus familiares, fueron violados. A su vez, un 63% cree que en Rusia no se respetan los derechos humanos. 

Según los encuestados, los ámbitos donde se cometen más violaciones de derechos son el empleo y la remuneración, los procesos judiciales, la atención médica gratuita, así como la educación pública. 

Las quejas más frecuentes hacían referencia a los despidos ilegales, al incumplimiento de los contratos de trabajo y a la discriminación por edad a la hora de solicitar y obtener un empleo. 

“En todos los países los derechos sociales se valoran más que los otros, pero sobre todo en los países pobres, observa Liudmila Alekséyeva, presidenta de la más antigua organización de derechos humanos existente en Rusia, el “Grupo de Helsinki de Moscú”. “Aparentemente, Rusia es un país rico. Pero los ricos de verdad no somos nosotros, los ciudadanos de a pie, sino el Estado y un minúsculo grupo de personas. Eso explica el hecho de que aquí, en Rusia, pongamos en un lugar tan importante la posibilidad real para una persona corriente de acceder a una buena educación y a una atención médica de calidad”, continúa la veterana defensora de los derechos humanos. 

Según la encuesta, los derechos individuales, como la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, son importantes para un 51% de los rusos. 

El porcentaje de ciudadanos para los cuales lo más importante es el derecho a votar y a ser elegidos, a participar en la gestión de la sociedad y del Estado, así como la libertad de reunión, es tan ínfimo que no supera el margen de error de estimación. 

Yevgueni Ijlov, jefe del Departamento de Información Analítica del movimiento “Por los Derechos Humanos”, comenta al respecto: “Este porcentaje refleja lo escasa que es la clase media en nuestro país. Para esta clase los valores vinculados a una sociedad democrática y pluralista, como son unas elecciones competitivas o la posibilidad de desarrollar una actividad política pública, resultan más importantes que para otras”. 

En respuesta a la pregunta de quién era el que más protegía los derechos humanos en Rusia, la mayoría de los encuestados – en una cuarta parte de los casos – señaló al actual presidente Vladímir Putin. 

“Muchas de las leyes que violan los derechos humanos en nuestro país fueron promovidas por iniciativa de nuestro actual presidente. Por ejemplo, éste ha sido el caso con la ley de empadronamiento, que nos devuelve a los tiempos de la servidumbre de la gleba, cuando cada uno tenía que estar atado al lugar donde estaba empadronado. Por eso, estoy muy apenada por ese 25% de la población que no lo entienda”, se lamenta Liudmila Alexéyeva. 

Al mismo tiempo, un 23% de los encuestados expresó su convencimiento de que no hay nadie que proteja los derechos humanos en Rusia. 

Cabe señalar que desde el año 1993, existe el Instituto del Defensor de los Derechos Humanos. En su informe del año 2012, el Defensor del Pueblo, Vladímir Lukín, declaró que de las 24.000 quejas que le llegaron el pasado año, un 56,7% estaban relacionadas con violaciones de los derechos y libertades personales. 

Dentro de este grupo, ha habido un 8% de aumento en las denuncias por violaciones del derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso justo, elevándose  el porcentaje a un 67,1%. 

“El problema no ha surgido de la nada y, desde luego, no ha aparecido de la noche a la mañana. Hay años, e incluso décadas, de fallos judiciales politizados, y por regla general previsibles, en procesos judiciales mediáticos, en los que las sentencias de absolución corresponden a un porcentaje increíblemente bajo”, resume Vladímir Lukín. 

A su vez, las denuncias por violación de los derechos sociales han ascendido a un 26,2%. “Dentro de esta categoría, la mayoría de las quejas (41,8%), corresponde a la violación del derecho a la vivienda, y sobre todo de procede de personas con menos recursos y que tienen derecho a una vivienda social de acuerdo con la ley federal, en particular los militares”, se constata en el informe. 

Finalmente, el porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos económicos corresponde a un 12,7%, mientras que el porcentaje de violaciones a las libertades políticas constituye un 1,7%: un dato que se ha mantenido prácticamente igual que el año anterior.

“Esta cifra tan baja no debe inducir a ninguna clase de error, ya que las quejas en esta categoría, por lo general, se presentan por una violación de derechos de grandes grupos de ciudadanos”, explicó Vladímir Lukín.

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