Miles de inmigrantes irregulares podrán quedarse en Rusia

Gracias a un proyecto de regularización masiva los trabajadores contarán con un permiso de trabajo. Fuente: ITAR-TASS

Gracias a un proyecto de regularización masiva los trabajadores contarán con un permiso de trabajo. Fuente: ITAR-TASS

El defensor de los derechos de los empresarios adjunto a la presidencia, Borís Titov, ha elaborado un proyecto para establecer una “amnistía migratoria”, es decir, una regularización a gran escala de inmigrantes irregulares. Para poder acogerse a esta medida el inmigrante tendrá que firmar un contrato laboral y registrarse en hacienda.

El concepto de amnistía migratoria elaborado por Borís Titov implica la “legalización de una vez y simultánea” de la situación de los inmigrantes “sin que se les apliquen sanciones”. De acuerdo con el documento, se anulará “la responsabilidad administrativa por la permanencia no legal en territorio de la Federación de Rusia con la condición de que pasen los trámites de la legalización en los 12 meses siguientes desde el día en que se anuncie la amnistía”. 

No se podrán acoger a esta medida los extranjeros “que hayan estado sujetos a un proceso penal en territorio de Rusia u otros países”, y tampoco aquellos que “durante tres años hayan tenido más de tres sanciones administrativas por cuestiones que no tengan que ver con la legislación migratoria”.

El número de inmigrantes irregulares en Rusia se estima en tres millones, según la estadística oficial, o hasta 12 millones, según los datos no oficiales.

“Ninguna redada sirve para cazar esta mano de obra, varios millones de trabajadores que  nuestra población se empeña en ignorar a su lado”, escribió Titov en su blog.

Borís Titov destacó que para ser “amnistiado”, al inmigrante le tocará “cumplir con una serie de condiciones”. Tendrá que tener un contrato laboral, registrarse en hacienda y recibir un número fiscal. “Además, hay que volver a la práctica del sistema de fianza para los inmigrantes laborales. Cuando el inmigrante sale del país, la fianza se devuelve al empresario o se destina a pagar la deportación, en caso de que éste viole la legislación migratoria”, propone el defensor. Titov está convencido de que “los inmigrantes deben acercarse a la legalidad para que paguen impuestos a la hacienda pública”. 

El resultado de la amnistía tiene que ser “el descenso de la corrupción en las empresas”, la reducción del número de trabajadores “con un estatus jurídico no regulado y la reducción de la delincuencia entre inmigrantes”. Con todo, en el proyecto también se enumeran los riesgos relacionados con esta medida, entre los que se encuentran “el aumento de los conflictos contra los inmigrantes, interétnicos y religiosos” y también que bajen los sueldos de los ciudadanos de la Federación de Rusia. 

Algunos objetan que estas medidas no serán rentables para algunos empresarios y que el procedimiento conllevará gastos públicos. El coste estimado de la regularización de un inmigrante es de unos 15.000 rublos (unos 470 dólares), reza el documento. Las autoridades estiman que se conseguirá legalizar la situación de cerca del 45 % de los inmigrantes irregulares. Alekséi Guríev, acreditado por el Ministerio de Justicia como experto independiente en la esfera de legislación migratoria, considera que esta cifra puede ser incluso mayor en tanto que los inmigrantes irregulares “sueñan en poder ir tranquilos por la calle, sin temer a la policía”. 

La regularización está planeada para que lugar entre septiembre del 2014 y mayo del 2015. El representante del defensor de los derechos de los empresarios en la esfera de política migratoria, Antán Stepánov, informó que se están manteniendo consultas en la comunidad empresarial y por eso las disposiciones de la doctrina podrían ser matizadas. 

Stepánov anunció que el Servicio Federal de Migración ha preparado un proyecto de ley en el que se tiene en cuenta la propuesta de Borís Titov sobre la anulación de las cuotas para los inmigrantes. En su lugar el gobierno establecerá “contingentes o límites” para cada uno de los sectores. “Por ejemplo, el sector de la construcción podrá tener un 20 % de mano de obra extranjera”.

La jefa de prensa del Servicio Federal de Migración, Zalina Kornilova, confirmó que “se esperan cambios de este tipo”. Borís Titov considera que “los límites tienen que ser flexibles, lo ideal es que la propia empresa determine” la cantidad necesaria de inmigrantes. 

Aleksandr Guríev considera que en realidad el proyecto de ley representa “un cambio de nombre, ya que no hay gran diferencia entre contingentes y cuotas”. En caso que la ley sea aprobada entrará en vigor al cabo de seis meses lo que, según el experto, colapsará  “el sistema actual, que es malo pero que funciona”, ya que este periodo no es suficiente para empezar a trabajar. 

Artículo publicado originalmente en ruso en Kommersant.