Las ONG rusas persisten en su oposición a la ley de “agentes extranjeros”

Vladímir Lukín, el Defensor del Pueblo ruso (a la izquierda)  junto con el presidente ruso Vladímir Putin. Fuente: ITAR-TASS

Vladímir Lukín, el Defensor del Pueblo ruso (a la izquierda) junto con el presidente ruso Vladímir Putin. Fuente: ITAR-TASS

Vladímir Putin, asistió el pasado 4 de septiembre a una asamblea del Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos en la que intentó aclarar a los activistas sociales su postura respecto a las ONG. Putin recordó que la legislación rusa determina que las ONG que realizan actividad política con financiación extranjera deben identificarse como “agentes extranjeros”.

“En mi opinión, esto es algo justo y del todo honesto, no tiene nada de extraño”, comentaba el presidente ruso, mientras aclaraba que en otros países también existen prácticas similares respecto a las organizaciones con financiación extranjera. El proceso de registro de una ONG como “agente extranjero” debería ser un procedimiento estrictamente reglado, declaraba el jefe del Estado.

“Estoy de acuerdo con las críticas que defienden que todo es muy relativo, es cierto”, reconocía el presidente. “Por ello, si ustedes tienen propuestas para mejorar estos procedimientos y estructuras, estoy dispuesto a escucharlas”, añadía.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo ruso, Vladímir Lukín, presentó una reclamación ante el Tribunal Constitucional de Rusia contra la ley “sobre agentes extranjeros”, en la que, según afirma, algunos puntos entran en conflicto contra la Constitución rusa. Lukín hace especial hincapié en el hecho de que las definiciones de “agente extranjero” y “actividad política” son bastante ambiguas y por lo tanto pueden ser interpretadas de manera demasiado amplia.

Según las enmiendas a la ley sobre ONG, que entraron en vigor hace cerca de un año, las organizaciones que realizan actividad política y reciben financiación del extranjero están obligadas a registrarse en el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa como “agentes extranjeros”, lo cual equivale a ser consideradas espías en el imaginario social.

Este año la Fiscalía General llevó a cabo la inspección de varias ONG en las que se sospechaba que había capital extranjero. Más tarde, el Tribunal declaró “agentes extranjeros” a 22 organizaciones. Todas ellas se negaron a registrarse como tales. Cuatro organizaciones fueron condenadas a pagar una multa por negarse a autodeclararse como “agentes”: la asociación “Gólos” dedicada a la supervisión de procesos electorales, el Centro de Apoyo a las Iniciativas Sociales de Kostromá, el festival internacional LGBT “Bok o bok” y el club ecologista “Ulukitkan” de Blagoveschensk.

Serguéi Nikitkin, director de Amnistía Internacional Rusia,  asegura que la demanda de Lukín podría ser una medida de presión para que se realicen cambios en la legislación. “Desde la aparición del borrador de esta ley no queda claro qué quiere decir `actividad política`, ni siquiera el autor del documento logró explicarme qué significa. Cualquier ambigüedad en el significado abre grandes horizontes en su interpretación”, argumenta Nikitkin.

El activista asegura que si la expresión “agente extranjero” fuera remplazada por una forma más adecuada, las ONG se registrarían sin problemas. “Es inaceptable llamar 'agentes extranjeros' a los defensores de los derechos humanos, ya que este término es sinónimo de la palabra 'espía'. El trabajo de un agente es realizar tareas a cambio de dinero para quien le paga. Cuando se trata de la financiación extranjera de una ONG no existen encargos por parte de fundaciones extranjeras. Estas fundaciones en su mayoría no dependen de sus gobiernos y ninguna de sus subvenciones prevé el cumplimiento de ninguna obligación”, asegura el director de Amnistía Internacional.

El director del Instituto de Investigaciones Científicas y miembro de la Cámara Pública Serguéi Markov pone en duda que exista la posibilidad de cambiar el concepto de “agente extranjero”, aunque considera necesario la introducción de las enmiendas en esta ley.

“La idea principal consiste en ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de conocer detalles sobre la organización que tienen delante. La financiación puede dar una idea de las prioridades sobre las que se forma la línea política, - explica el experto. – Hoy en día la aplicación de la ley ha demostrado que el concepto de “actividad política” se puede interpretar de manera muy amplia. Se dan muchos malentendidos, dado que no existe una idea clara de dónde hay actividad política y dónde no. Las investigaciones sociológicas sobre la actividad política se consideran política. Según esta definición, la enseñanza de las ciencias políticas puede considerarse como actividad política”.

El miembro de la Cámara Pública muestra también su preocupación sobre cómo se define la financiación extranjera y sus volúmenes. “Por ejemplo, una organización rusa organiza un evento en Ucrania y a petición suya las autoridades locales les conceden un servicio de transporte. Formalmente se puede decir que Ucrania les está financiando, de modo que se convertirían en agentes extranjeros, aunque no sea realmente así. Del mismo modo puede ocurrir con cualquier aspecto de la actividad en el ámbito internacional, - comenta Markov. – Es necesario tener en cuenta los volúmenes de financiación extranjera. Si se trata del 1-2 %, no se puede creer que esta financiación pueda influir en la actividad de toda la organización”.

Antes de finales de este año el gobierno destinará a las ONG “de mayor relevancia social” 200 millones de rublos (unos 6 millones de dólares) más. Anteriormente se han distribuido subvenciones presidenciales por valor de 2.300 millones de rublos (69 millones de dólares). Además, a partir de 2014 el Estado destinará 500 millones de rublos (15 millones de dólares) anuales para apoyar a las ONG defensoras de los derechos humanos.

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