Iniciativa legal pretende acabar con el nepotismo en la administración pública

Los parlamentarios proponen completar con dos artículos nuevos la ley federal “Sobre la lucha contra la corrupción”. El primero propone no permitir la transferencia de recursos financieros desde organismos públicos a organizaciones cuyos administradores (o sus adjuntos o jefes de contabilidad) tengan un grado cercano de parentesco a los administradores, adjuntos o jefes de contabilidad del organismo estatal fuente de financiación. 

Por parentesco cercano los legisladores entienden a padres, cónyuges, hijos, nietos, abuelos y hermanos, así como a hermanos, padres, abuelos e hijos del cónyuge. En caso de infringir este artículo, el administrador será cesado de su cargo como consecuencia de la pérdida de confianza. 

La segunda enmienda prohíbe que trabajen juntos en organizaciones estatales y municipales personas que sean parientes cercanos, si el trabajo implica la subordinación o la supervisión directa de uno al otro. 

Los legisladores introducen una excepción a este artículo: centros educativos estatales o municipales, bibliotecas, organizaciones culturales, organizaciones médicas y farmacéuticas en zonas rurales. 

“Con este anteproyecto de ley buscamos cortar la fuga de recursos en el presupuesto y la designación de personas incompetentes en cargos de responsabilidad”, explica uno de los autores del proyecto, el diputado Víctor Shudegov. 

Si hemos de creer a Shudegov, los parlamentarios se guían en primer lugar no por la efectividad en el trabajo de los funcionarios, sino por la justicia social. 

“Por ejemplo, si un jefe de distrito da trabajo a sus parientes cercanos, la población no va a estar contenta aunque los funcionarios cumplan con sus obligaciones”, subraya el diputado, que dice que estos casos de actividad conjunta basada en el parentesco son patentes sobre todo en las repúblicas. 

“Es imprescindible que trabajen profesionales y no la familia. Los sectores donde se ha establecido el 'contrato familiar' se quedan estancados, en el mejor de los casos”, asegura Shudegov. 

Sin embargo, algunos expertos aseguran que las nuevas disposiciones ya están recogidas en las leyes y el documento propuesto por los diputados solo endurece en exceso la normativa en vigor.

El profesor de la Facultad de Administración Pública de la Escuela Superior de Economía Pável Kudiukin afirma: “Hay normas similares en la ley 'Sobre el servicio público', según la cual los familiares no pueden ocupar cargos de dependencia mutua. Si no existe esta dependencia, entonces pueden trabajar en el mismo organismo. La norma actual apareció ya en la legislación soviética de 1921”, cuenta el experto. 

En caso de colaboración de un organismo público y una empresa privada que cumpla una tarea pública, hay una norma sobre el conflicto de intereses. “Todo trabajador público está obligado a informar de una situación donde pueda detectarse conflicto de intereses. Pero incluso en este caso, la organización donde trabaje uno de los cónyuges puede ser admitida en el concurso público, si es más ventajosa de cara al cumplimiento de la tarea. En este caso, prima la efectividad”, explica Kudiukin. 

El especialista asegura que es posible eludir la ley con ayuda de buenos amigos o conocidos. “Sería perfecto que todos nuestros problemas solo tuvieran que ver con los lazos familiares. Las dificultades van unidas a otras muchas circunstancias y prever todas es simplemente imposible. La pena es que nuestros legisladores, en lugar de ofrecer normas legisladoras, están intentando regular los casos particulares”, señala el docente. 

Serguéi Márkov, politólogo y vicerrector de la Universidad Económica Plejánov, coincide. Asegura que la Duma tiene que redactar menos leyes e intentar controlar más su correcta aplicación. 

“Hay que trasladar el acento de la esfera legal a la política. Muchos han empezado a percibir el Parlamento como 'el ministerio de aprobación de leyes'. Pero no debemos pensar que las leyes van a empezar a funcionar automáticamente después de su firma –dice Márkov–. Es imprescindible reforzar la presión parlamentaria sobre ministerios y otros organismos... Yo solo hubiera añadido una ley sobre la confiscación de propiedades y otra sobre la privación de derechos a aquellos que actúen desde paraísos fiscales”. 

Mientras, Víctor Shudegov tiene esperanzas de que la Duma empiece la sesión de otoño examinando precisamente este anteproyecto de ley.

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