Aumenta la presión sobre las principales ONG rusas

La organización 'Pro derechos humanos' ha sido expulsada de su sede y debido a una polémica ley la existencia de otras está en peligro . Fuente: Ramil Sitdikov / Ria Novosti

La organización 'Pro derechos humanos' ha sido expulsada de su sede y debido a una polémica ley la existencia de otras está en peligro . Fuente: Ramil Sitdikov / Ria Novosti

El Movimiento pro Derechos Humanos está entre las decenas de organizaciones que se tambalean al borde del cierre por protestar contra la nueva legislación sobre ONGs, y la primera que las autoridades han desahuciado por la fuerza.

Lev Ponomarev, un activista pro derechos humanos de 71 años, está pasando por momentos duros: el trabajo de movimiento 'Pro Derechos Humanos', que fundó en 1997, ha sido paralizado después de que él y sus colegas fuesen golpeados y expulsados de su oficina en el centro de Moscú por obra de una unidad especial de la policía la noche del 21 al 22 de junio.

En lo que va de año, las autoridades han llevado a cabo inspecciones en más de 250 ONG. Según Dmitri Kolbaisn, portavoz de la asociación de derechos humanos Agora, miembros de diferentes organizaciones han registrado “267 inspecciones en 56 regiones del país”. 

El 26 de junio el Ministerio de Justicia suspendió las operaciones de otra ONG, el observador electoral independiente 'Golos', durante seis meses. 'Golos' fue la primera ONG que se negó a declararse 'agente extranjero', sinónimo de 'espía' en ruso. Se le impuso una multa de 400.000 rublos (12.200 dólares) en abril.

A finales del año pasado, el Parlamento ruso decidió que una ONG financiada desde el extranjero y con actividad política debería registrarse como 'agente extranjero' junto con su propio nombre, exponiendo así a la ONG a auditorías sorpresa y con el probable resultado de un descenso en las donaciones privadas: los potenciales benefactores podrían sentirse incómodos patrocinando una ONG denominada implícitamente espía.

Las ONG argumentan que si son críticas es  poco probable que consigan una peticiones para investigar por parte del gobierno o de las empresas. La única fuente es la financiación extranjera. Además, son estigmatizadas socialmente al ser calificadas como 'agentes extranjeros'.

Ponomarev ha luchado para desafiar la intensificación de las inspecciones a su organización por parte de los acusadores, que alegan que según la ley aprobada el 1 de enero de 2013, el movimiento 'Pro Derechos Humanos' debería ser etiquetado como agente extranjero.

El viernes 28 de junio, cuando el Ministerio de Justicia anunció que incluía la primera ONG en la lista de agentes extranjeros, Ponomarev abandonó la sesión en un tribunal de distrito de Moscú, acusando al juez de parcialidad a favor de la acusación. A finales de marzo, la acusación exigió toda la documentación de la organización, que la acusación había recibido ya a principios de marzo. Durante la vista oral, la acusación no pudo proporcionar argumentos de peso para exigir dos veces en un mes los mismos documentos, y el juez pospuso el juicio hasta el 31 de julio.

'Pro Derechos Humanos' defiende a hombres de negocios que se enfrentan a cargos inventados, proporciona asistencia a expresidiarios a reinsertarse una vez que han salido de la cárcel y ayuda a los ciudadanos a resolver sus conflictos con la patronal, compañías de servicios, etc.

Putin declaró a mediados de junio: “Su trabajo no está prohibido. Ésta práctica existe no sólo en Rusia, sino en varios países del G20. Dichas leyes se aplican desde mediados del siglo pasado. Aludió al caso de Estados Unidos, donde todas las ONG financiadas desde el exterior deben registrarse como "agentes extranjeros", independientemente de si se dedican a la política, a la ecología o a los niños.

Ahora Ponomarev está esperando los resultados de una investigación que el Ministerio del Interior emprendió sobre el desahucio forzoso de esta organización. A plena luz del día, el viernes 21 de junio, el responsable del Departamento de Territorio de Moscú, Alexánder Rudnev, entró en la oficina de la organización con policías, empleados de seguridad y guardas privados para exigir que Ponomarev y sus empleados dejasen la oficina que alquilaban al ayuntamiento moscovita desde 1999.

Los activistas se negaron a abandonar las dependencias: según la ley rusa, un inquilino puede ser desahuciado solo con una orden judicial. En su caso, no había tenido lugar ninguna vista judicial al respecto. Precisamente el 21 de junio, la organización de Ponomarev estaba en medio de un proceso para prolongar el contrato de alquiler.

El pasado 15 de febrero, el Departamento de Propiedad de Moscú notificó a Ponomarev que no deseaba seguir alquilándoles la oficina. Sin embargo, el 27 de febrero, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo en una reunión con el comisario para los derechos humanos, Alexánder Muzikantski, que se revocaría esta decisión. Ponomarev había pagado el alquiler hasta el 1 de agosto.

El 22 de junio, 12 horas después de que los agentes de seguridad se presentasen en la oficina de la ONG 'Pro Derechos Humanos' y dijesen a los activistas que "podían salir del edificio, pero no volver a entrar nunca", Ponomarev y sus empleados fueron desalojados a la fuerza por una unidad especial de la policía conocida como OMON.

Dos personas de civil, que se presentaron simplemente como Verigin y Gordéiev, estuvieron al frente de la operación de desahucio. Algunos blogueros identificaron posteriormente a uno de ellos como el general Alexánder Birin, responsable del Servicio de Seguridad del Departamento Anticorrupción de Moscú.

"Los OMON me agarraron, me noquearon y me arrastraron hasta la salida, mientras los dos hombres sin identificar me daban patadas en la cabeza y los riñones", declaró Pronomarev ante el Consejo Presidencial para los Derechos Humanos que convocó una reunión extraordinaria el 26 de junio.

Además de a Ponomarev, el presidente del Consejo, Mijaíl Fedotov, invitó a las otras partes implicadas en el conflicto: el alcalde de Moscú, el responsable del Departamento de Administración de la Propiedad, al jefe de policía de Moscú y al fiscal de la capital.

"Muchas cuestiones podrían haber sido aclaradas por los representantes de la alcaldía, pero deben de haber considerado innecesario asistir a la reunión", comentó Fedotov.

A la reunión sí asistieron Vladímir Lukin y Alexánder Muzikantski, comisarios para los derechos humanos de Rusia y de Moscú, respectivamente. Acudieron a la oficina de la ONG la tarde del 21 de junio, pero la policía les denegó la entrada al edificio. Esto va contra la ley rusa, que garantiza a los comisarios de derechos humanos acceso sin restricciones a cualquier lugar en el que se ha denunciado una violación de estos derechos.

"Me acerqué a los OMON, pero no me dejaban entrar", declaró Lukin. "Los que han declarado ser los caseros no mostraron su identificación, documentos de propiedad ni una orden judicial cuando se lo pedí. Simplemente, respondieron '¿De qué orden hablas? Se puede terminar con esto rápidamente sin ningún papel'. Aparentemente, estaban esperando a que Muzikantski y yo nos marcháramos. Tan pronto como nos fuimos, asaltaron la oficina".

A las 2:30 de la mañana, los activistas pro derechos humanos fueron arrojados de sus oficinas. Ponomarev sufrió múltiples contusiones y otro miembro terminó con una fractura de radio.

En la reunión del Consejo, el responsable del Departamento de Orden Público del Ministerio del Interior, el teniente general Yuri Demidov, afirmó que se había realizado una investigación sobre el incidente y "durante su fase preliminar, no se detectaron infracciones de la ley".

El alcalde Sobianin, que se presentará a la reelección el 8 de septiembre, no ha hecho declaraciones hasta la fecha sobre la situación. Pro Derechos Humanos está buscando una nueva oficina en Moscú; el multimillonario Mijaíl Prójorov ha prometido pagar el alquiler de la organización durante 12 meses.

El mismo Prójorov ha anunciado su deseo de presentarse a la alcaldía, pero sus posibilidades de desafiar a Sobianin se vieron amenazadas cuando el alcalde convocó el pasado 4 de junio elecciones anticipadas. Según la nueva ley que entró en vigor el 7 de mayo, una persona que, como Prójorov, posee bienes en el extranjero, no puede presentarse a unas elecciones.

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