Las dificultades para implementar las leyes anticorrupción en Rusia

Protesta contra la corrupción en San Petersburgo. En un cartel se lee: “Atracadores y corruptos. No hay sitio para vosotros en la capital cultural de Rusia”. Fuente: ITAR-TASS.

Protesta contra la corrupción en San Petersburgo. En un cartel se lee: “Atracadores y corruptos. No hay sitio para vosotros en la capital cultural de Rusia”. Fuente: ITAR-TASS.

Según explican miembros de Transparency Internationa Russia, el país cuenta con buenas leyes contra la corrupción, pero es difícil llevarlas a la práctica.

La legislación rusa cumple por completo con las exigencias de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Pero cuando se trata de llevar estas leyes “a la práctica, surgen complicaciones”, debido también a que todas las medidas para luchar contra la corrupción están controladas por el poder ejecutivo.

Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de Transparency International Russia - organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción- en el informe sobre cómo cumple Rusia sus obligaciones en esta materia.

Transparency International, fundada en 1993, es una ONG con sede en Berlín que opera en más de 70 países. Se dedica a supervisar y difundir crímenes corporativos y corrupción política en el desarrollo internacional. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista sobre corrupción a nivel mundial. Opera en Rusia desde 1999. Junto con numerosas organizaciones, se ha declarado en contra de la nueva ley de ONG, que denuncian que afecta al desarrollo de la sociedad civil.

 carencias los expertos achacan que Rusia no ha ratificado todavía el artículo 20 de la Convención de la ONU, cuya exigencia es que el enriquecimiento ilícito sea considerado un delito penal. El Código Penal ruso prevé sanciones por aceptar comisiones y sobornos, por malversación de fondos públicos, por apropiación indebida, por sobornos a funcionarios extranjeros, etc. Pero el código penal no contempla sanciones por enriquecimiento ilícito.

Además en Rusia toda una serie de personalidades, desde el presidente del país hasta los jueces de instrucción ordinarios, tiene garantizada un régimen especial para dirimir sus responsabilidades penales, incluso cuando son sospechosos de delitos de corrupción.

Otra particularidad es que el Código Penal ruso sólo permite procesar a ciudadanos y no a personas jurídicas. Por eso, en Rusia es frecuente que los medios de comunicación informen de casos que pueden tipificarse como claros exponentes de corrupción, pero que estos hechos no sean sometidos a una investigación real.

Como ejemplo, el informe menciona el caso de la familia del viceprimer ministro de Rusia, Ígor Shuválov. En 2004, el holding Sevenkey, registrado en el paraíso fiscal de las Bahamas a nombre de la esposa del funcionario, Olga Shuválova, estuvo involucrado en dos grandes operaciones en el mercado de valores.

Efectuó una compra de acciones por valor de 18 millones de dólares. Esta compra, que fue parte de una transacción llevada a cabo por el millonario Suleyman Kerímov, debió de reportar a Sevenkey unos beneficios de alrededor de 100 millones de dólares en 2008, ya que durante dicho periodo las acciones de Gazprom septuplicaron su valor. «El origen de los fondos iniciales de Sevenkey está cubierto por un velo de misterio», se señala en el informe.

Según los expertos de Transparency International Russia, el mecanismo de supervisión del cumplimiento de las medidas anticorrupción es insuficiente. A nivel federal, el mayor órgano de lucha contra la corrupción es el Comité de Instrucción. Los casos de soborno a funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales están prácticamente bajo control del jefe de la administración presidencial. A nivel regional, la lucha contra la corrupción está controlada por las estructuras de los gobernadores. Por eso, los expertos “consideran posible hablar de un denominado control por parte del poder ejecutivo”. Además, la supervisión y la vigilancia parlamentarias son prácticamente inexistentes.

El informe de Transparency International Russia ha sido remitido a las autoridades del Estado, incluido el Gobierno Federal, “para que hagan sus propias observaciones y comentarios respecto al análisis llevado a cabo”. 

Artículo publicado originalmente en ruso en Kommersant.