Numerosos políticos implicados en casos de falsificación académica

La reciente noticia, divulgada por un bloguero, de que el viceprimer ministro de Educación tenía un título superior falso, desató una polémica que llegó hasta el Parlamento, donde algunos diputados incluso exigieron que se llevara a cabo una investigación criminal por un delito de falsificación de documentos oficiales.

Poco después se descubrió que se trataba de una acusación infundada, pues los títulos del viceministro eran auténticos. Uno de los protagonistas del escándalo, Ígor Fediukin, que dirige una comisión para descubrir tesis doctorales falsas, declaró en una entrevista que esa acción convenía a los “defraudadores de la ciencia y de la educación”, contra quienes el Ministerio ha estado luchando activamente a lo largo de todo el año pasado.

Esta historia del diploma presuntamente falso del viceministro de Educación es otro episodio más de la cruzada contra los poseedores de falsos doctorados. Y lo más destacado es que la primera ráfaga de esta guerra se haya producido en la red.

A finales del año pasado algunos blogueros descubrieron que decenas de páginas de una tesis del diputado de la Duma Estatal (cámara baja de la Federación Rusa) y vicepresidente del Comité de Educación de la Duma, Vladímir Burmatov, contenían irregularidades.  El diputado declaró su inocencia, pero fue forzado a abandonar su puesto en el Comité de Educación.

Posteriormente el escrutinio público recayó sobre Andréi Andriyanov, director del Centro de Educación Especial y Científica Komogórov de la Universidad Estatal de Moscú, institución dedicada a adolescentes superdotados. Los blogueros fueron capaces de demostrar que la mayor parte de su tesis doctoral era un flagrante plagio. Andriyanov también se negó a reconocer sus infracciones, aunque dimitió de su cargo de director. 

Gran aumento del número de doctorandos

Los escándalos con falsos aspirantes y doctores de ciencias, no obstante, parecían inevitables. No hay que olvidar que en los últimos años el número de doctorados universitarios ha crecido en Rusia exponencialmente.

Tal como señalan los medios de comunicación rusos, más de la mitad de los senadores y casi uno de cada dos miembros de la Duma Estatal son doctorandos o bien ya han alcanzado ese grado. La proporción de aspirantes y doctores entre los gobernadores es igual de impresionante.

“Desde los tiempos de la Unión Soviética el grado de doctor constituye un símbolo de estatus. Hoy en día es casi tan imprescindible como el faro intermitente de un coche (en alusión a las sirenas de los coches oficiales)”, declara Alexander Chepurenko, investigador de la Escuela Superior de Economía.

Pero hay un matiz fundamental: en la Unión Soviética, a la hora de defender las tesis, de cada 1.000 se rechazaban 300. Hoy, en el mejor de las hipótesis, son rechazadas tres tesis de cada mil. Incluso el jefe de una banda que hace unos años hacía y deshacía a su antojo en el territorio de Krasnodar, al sur de Rusia, y autor de una serie de asesinatos brutales, también obtuvo el grado de doctor. Dedicó su tesis de sociología “al estilo de vida y los valores de la población rural…”. 

Maneras para atajar el problema

Las autoridades son conscientes de la gravedad del problema. “Por desgracia, los plagios y los trabajos de consecución de diplomas, escritos, como se suele decir ahora, 'bajo llave',  son publicaciones ficticias que se convertirán en una práctica bastante generalizada, y eso supone un camino directo hacia la degradación de la ciencia en su conjunto”, subrayó en un discurso el primer ministro Dmitri Medvédev.

Recientemente, el Ministerio de Educación presentó a la opinión pública un conjunto de medidas con las que pretende combatir el plagio en los trabajos científicos de investigación. Según Ígor Fediukin, “la clave para solucionar el problema está en la publicación de los trabajos en internet”.

Algunos meses antes de la defensa de la tesis, los trabajos se publicarán en el sitio web de la Comisión Superior de Certificación (encargada de realizar el análisis pericial de las tesis y de dictaminar la concesión de títulos y grados académicos), donde cualquier persona que lo desee podrá dejar sus opiniones sobre el trabajo científico del candidato a doctor.

También se revisará la responsabilidad de los consultores académicos que redacten su evaluación de los trabajos. De ahora en adelante, una reseña favorable a una tesis plagiada pondrá en serio riesgo su carrera.

Alexander Chepurenko considera que estas medidas son correctas pero insuficientes. En su opinión, “es necesario romper la dependencia entre el desarrollo de una carrera y la posesión de un grado académico. Es necesario basarse en otros indicadores, como las habilidades reales, los proyectos, las publicaciones”. De conseguirse, se reduciría considerablemente la presión de los que aspiran a obtener grados académicos.

Otro paso de carácter reformador sería otorgar a las principales instituciones de estudios superiores del país la potestad de expedir sus propios títulos. Antes de esto, el veredicto final siempre lo tenía la Comisión Superior de Certificación. Cabe señalar que no hay una estructura tan centralizada ni en Estados Unidos ni en muchos países de Europa.

“Hay que otorgarles este derecho a las universidades federales y a los institutos de investigación científica. Actualmente predomina la impresión de que nadie es responsable del resultado final, de la calidad de la tesis. Así, una institución de educación superior concreta garantizaría el nivel del trabajo científico en aras de su propia reputación”, asegura Chepurenko.

Pero Alexander Chepurenko considera que lo fundamental es cambiar las reglas, ahora informales, del juego, cuando la propia comunidad académica llegue a la conclusión de que las tesis falsas pueden dañar irreparablemente la reputación de la ciencia en su conjunto. “Esto no puede conseguirse mediante una ley, sino sólo con trabajo continuado”, concluye el experto.

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