Nueva ley obliga a políticos rusos a aclarar la procedencia de su dinero

La ley de control sobre los ingresos de los funcionarios de Gobierno que ha implicado cambios en la legalidad anti-blanqueo afecta a una enorme cantidad de funcionarios del Gobierno y a los miembros de sus familias. Fuente: ITAR-TASS

La ley de control sobre los ingresos de los funcionarios de Gobierno que ha implicado cambios en la legalidad anti-blanqueo afecta a una enorme cantidad de funcionarios del Gobierno y a los miembros de sus familias. Fuente: ITAR-TASS

Desde principios de año los bancos rusos llevan a cabo un mayor control sobre las operaciones con propiedades realizadas por los funcionarios del Gobierno, incluidos el Presidente y el Primer Ministro. Si estas operaciones pueden entrañar un alto riesgo de blanqueo de capitales, las organizaciones crediticias están obligadas a tomar toda una serie de medidas, como la detección de la fuente de procedencia de la propiedad. Hasta ahora la lista de control especial solo estaba integrada por extranjeros. Expertos creen que no ayudará a luchar contra el fraude.

Los cambios se han introducido en la ley “contra la legalización (blanqueo) de capitales percibidos mediante actos delictivos y financiación del terrorismo”. Estas modificaciones se deben a la adopción de una medida de control sobre los ingresos de personas que ocupan cargos públicos. El documento fue firmado por el presidente a principios de diciembre del año pasado   y entró en vigor el 1 de enero.

De acuerdo con los cambios, pasan a integrar esta “lista negra” aquellas personas que se dedican al servicio público en la Federación Rusa, entre las que se encuentran, además del Presidente y el Primer Ministro, los diputados, los senadores, los auditores de la Cámara de Cuentas, los jueces de los Tribunales Supremo y Constitucional y los directores de una serie de instituciones: Fiscalía General, Banco Central, Comité Electoral Central y otros.

También los miembros de la Junta Directiva del Banco Central y las personas que ocupan cargos designados por el Presidente en corporaciones estatales, así como los representantes de organismos públicos internacionales.

Desde principios de año rige para estas personas un procedimiento especial de control que llevarán a cabo los bancos u otras organizaciones que realizan operaciones con dinero y propiedades. Entre otras, aseguradoras y empresas de arrendamiento financiero, cooperativas de consumo, casas de empeño y oficinas de apuestas.

Las personas de la lista no quedarán sujetas a control bancario solo en aquellos casos en que el total de las operaciones sea inferior a los 15.000 rublos (casi 500 dólares) y estén relacionadas con la compra-venta de divisa en metálico o las transferencias sin cuenta oculta.

Las modificaciones pueden afectar a otros clientes del banco que no formen parte de la lista, considera la jefa de la Dirección de Supervisión Financiera del banco Stroykredit, Oxana Kurgánova.

Según sus declaraciones, en Occidente la detección de personas que figuran en listas similares solo se lleva a cabo en caso de existir relaciones contractuales entre el banco y el cliente, por ejemplo, al abrir un depósito.

En Rusia, partiendo de los nuevos requisitos de la ley, los bancos podrán hacer esto incluso en operaciones puntuales a partir de los 500 dólares. “Por ejemplo, si una persona acude al banco para pagar unos gastos comunitarios acumulados en varios meses, el banco tendrá que interesarse por si este ciudadano entra o no en esta categoría de personas.

A su vez, generará confusión también entre los clientes: ¿por qué los bancos se interesan por estas cosas incluso en las operaciones más elementales?”, indica Kurgánova. 

Los expertos opinan que no se puede esperar un progreso tangible en la lucha contra el blanqueo de capitales partiendo de la inclusión de los empleados públicos en esta lista.

“Tampoco será fácil rastrear el multigradual sistema de propiedad de cualquier S.A – indica el analista de la Agencia Nacional de Evaluación, Vadim Tijónov – Además, actualmente nadie lleva dinero no declarado en una maleta para transferirlo a una cuenta off-shore abierta a su propio nombre”.

Según su opinión, tendría sentido ampliar la lista negra “en profundidad”, incluyendo también los cargos menores de los trabajadores del sector público.

No obstante, la ley de control sobre los ingresos de los funcionarios de Gobierno que ha implicado cambios en la legalidad anti-blanqueo afecta a una enorme cantidad de funcionarios del Gobierno y a los miembros de sus familias.

Afectará aproximadamente a 10 millones de personas, según explicaba el año pasado Vladímir Vasílyev, jefe del partido Rusia Unida en la Duma.

Por ejemplo, para analizar la corrupción, a principios de esta semana el Servicio de Aduanas ha publicado una relación de cargos de los funcionarios que quedarán sujetos a esta ley.

En ella hay más de 120 posiciones y, dado que la lista está elaborada por orden alfabético, empieza por el “mecánico de a bordo” y “contramaestre” (se trata, al parecer, de los miembros de la tripulación de los buques aduaneros y los helicópteros). El director de Servicio Federal de Aduanas de Rusia aparecerá junto a los ingenieros jefe, los técnicos y los consultores.

Artículo publicado originalmente en ruso en Izvestia. 

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