Numerosas ONG rusas abocadas al cierre

Valentina Mélnikova, jefa del Centro ruso para la defensa de los derechos humanos. Fuente: Kommersant

Valentina Mélnikova, jefa del Centro ruso para la defensa de los derechos humanos. Fuente: Kommersant

Algunas de las ONG más veteranas de Rusia, que operan en el país desde hace más de 20 años, pueden cesar su actividad a partir de febrero debido a la nueva legislación.

“En toda nuestra larga trayectoria nunca nos habíamos encontrado en una situación financiera tan crítica”, informa Valentina Mélnikova, jefa del Centro ruso para la defensa de los derechos humanos, que agrupa a once ONG.

A causa de la “ley sobre ONG”  y de la “ley anti-Magnitsky”,  que recientemente han entrado en vigor, las organizaciones para la defensa de los derechos humanos se han visto privadas de la ayuda exterior y dentro del país todavía no han encontrado donantes.

Recordemos que la “ley anti-Magnitsky” contiene una norma respecto a las actividades de las ONG que reciben fondos u otro tipo de bienes de ciudadanos de los Estados Unidos, así como respecto a programas efectuados en la Federación de Rusia que representan una amenaza para los intereses del país.

La ley otorga al Ministerio el derecho de interrumpir el trabajo de esas ONG y prohíbe a los rusos con ciudadanía estadounidense ser miembros o dirigentes de dichas organizaciones.

Según la “ley de ONG”, las organizaciones que reciben financiación del exterior y que participan en actividades políticas están obligadas a registrarse como 'agentes extranjeros', expresión que en ruso equivale a 'espía'.

No solo se han quedado sin el apoyo financiero de los donantes extranjeros las ONG que participaban en actividades políticas sino también decenas de organismos que se dedicaban exclusivamente a actividades sociales.

Al borde del cierre se hallan la Fundación 'Pravo materi' ('Derecho de las mujeres'), el Comité de madres de soldados, la Asociación Independiente de Psiquiatría, la fundación 'Pravo rebenka' ('Derecho del niño'), el Centro para la promoción de la reforma de la justicia penal y muchas otras ONG.

“Estamos en números rojos y no sabemos cómo salir de esta situación”, admite Borís Altshuler, director de la fundación para la defensa de los niños.

“Todo el sistema de nuevas subvenciones se ha desmoronado y no solo sufrimos el colapso nosotros, sino los defensores de los derechos humanos de todo el país. Había unas subvenciones nuevas de la Embajada de los Estados Unidos, pero los programas se interrumpieron y también se redujeron todas las ayudas previstas por la Embajada de Holanda”.

Veronika Marchenko, responsable de la Fundación para los derechos de las madres, que da protección jurídica gratuita a los padres cuyos hijos murieron en el ejército en épocas de paz en Rusia y en los países de la CEI, considera que la ayuda exterior prácticamente ha cesado porque nadie quiere crearse problemas.

“Para qué van a buscarse los extranjeros todo tipo de problemas cuando pueden ir a África o a Latinoamérica a conceder subvenciones”, explica Marchenko.

“Nuestra situación es que solo nos queda uno de los diez patrocinadores extranjeros acordados y esas vacantes no las han cubierto nueve patrocinadores rusos”.

Cada año la fundación a favor de los derechos de las madres presta asistencia legal gratuita a más de siete mil personas cuyos familiares murieron en el ejército. Ahora, la fundación no acepta nuevos casos y sus abogados no pueden afrontar los juicios que estaban previstos con anterioridad.

Artículo publicado originalmente en ruso en Izvestia.

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