El mayor arresto de dirigentes regionales en la era postsoviética

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Durante el 2015 han sido arrestados dos gobernadores en activo acusados de corrupción y más de una decena de funcionarios con cargos directivos.

A mediados de septiembre, en Rusia se llevó a cabo el arresto de dirigentes regionales más numeroso de la historia postsoviética: bajo la sospecha de haber creado una asociación delictiva organizada, fueron detenidos el gobernador de la República Komi, Vyacheslav Gayzer, su vicegobernador y más de una decena de personas de la élite política regional.

Según la investigación, el grupo llevaba un mínimo de nueve años dedicándose a la apropiación de bienes estatales a través de esquemas en los que participaban empresas relacionadas con familiares de los acusados. En los registros en los domicilios y oficinas de los funcionarios se confiscaron, concretamente, decenas de kilos de joyas, una colección de relojes con un valor de hasta un millón de dólares, y documentos financieros sobre el blanqueo de activos robados, con un valor total de unos 15 millones de dólares.

La detención de la práctica totalidad de los altos funcionarios de la República Komi fue una sorpresa: el gobernador de la república se encontraba entre los cinco líderes regionales más efectivos en el ranking del progubernamental Fondo de Desarrollo de la Sociedad Ciudadana. En las elecciones de 2014 recibió casi el 80% de los votos.

Según sugiere el director del laboratorio de investigaciones políticas regionales de la Escuela Superior de Economía, Rostislav Turovskiy, el hecho de que no existan cargos “intocables” es una potente señal antes de las elecciones para las autoridades federales, y también puede funcionar como correctivo para fortalecer la vertical del poder. Sin embargo, donde resulta más cómodo desplegar este tipo de campaña no es en el nivel federal, en el que las acciones contra la corrupción pueden provocar una desestabilización peligrosa en las élites, sino en relación con los gobernadores regionales, según señala el experto.

Como quedó claro de las declaraciones del Comité de Investigación de Rusia (CIR), hacía ya tiempo que se tenían noticias de la asociación delictiva del presidente de la República Komi. Pero dejaron a Gayzer volver a ser elegido para su cargo en 2014. Como declaró en una entrevista el representante oficial del CIR, Vladímir Markin, “antes de detener a los miembros del grupo era necesario reunir la cantidad suficiente (…) de pruebas concretas”.

Todas estas  son casos particulares “no tienen ninguna relación con una lucha sistemática contra la corrupción”, se mostró convencido en declaraciones a RBTH, Dmitri Gorobtsov, vicepresidente del comité de la Duma Estatal sobre la seguridad y la lucha contra la corrupción.

Con ello coincide el director general de Transparency International Russia, Antón Pominov. “Si no fuera así, habríamos visto la continuación de los casos de soborno por parte de las empresas Daimler, Hewlett-Packard, Bio-Rad, etc. Las empresas son multadas, pero no vemos nada contra los cargos públicos”, señala. En su opinión, la legislación anticorrupción ha avanzado notablemente en los últimos años, y actualmente en Rusia está “todo correcto” en este sentido.

“Sin embargo, es mucho más importante cómo esta legislación se aplica en la práctica”. Según sus palabras, aún siguen existiendo grandes problemas en cuanto a los modos insuficientes de garantizar la supremacía de la ley y la aplicación selectiva del derecho.

Anna Razogréyeva de la Universidad Federal del Sur señala que el porcentaje de sobornos que llega a los tribunales como causas penales sigue siendo muy bajo. “Casi el 80% de los condenados por soborno son por caso de hasta 10.000 rublos (unos 140 euros)”. Hablar de una activación de la “lucha contra la corrupción” quizá tampoco sea posible teniendo en cuenta los datos estadísticos públicos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General: la cantidad global de delitos registrados desciende (49.513 en 2012 y 32.060 en 2014). Sin embargo, se dictan condenas con mayor frecuencia (el 94% de todas las decisiones judiciales sobre corrupción terminan en condena).

 

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