Hora de guardar secretos de Estado

Dibujado por Konstantín Máler

Dibujado por Konstantín Máler

Vladímir Putin firmó un decreto la semana pasada para que las muertes del personal del Ministerio de Defensa que se produzcan durante las operaciones especiales constituyan secreto de Estado. En Rusia, esta ley ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, pero en la esfera pública no se han oído grandes protestas.

La disposición para mantener como secreto de Estado la identidad de las bajas en tiempos de paz se aprobó por decreto presidencial el pasado 28 de mayo y entró en vigor ese mismo día. El diputado Franz Klintsévich, número dos del Comité de Defensa de la Duma, explicó que  "revelar el carácter de una operación especial y las fuerzas que en ella participan, no es conveniente". Entre las amenazas a la seguridad nacional de Rusia se encuentran la propagación del grupo yihadista Estado Islámico y "las acciones de los militares ucranianos en el centro de Europa que prometen llevar la guerra a Rusia".

La mayoría de la sociedad se ha mostrado indiferente ante la noticia. Solo los políticos de tendencia liberal han hecho algunas declaraciones críticas, y la única organización que ha recurrido el decreto ante los juzgados ha sido la Fundación “Información libre”, que precisamente cesó su actividad después de que el Ministerio de Justicia la declarase “agente extranjero” (expresión que se refiere a las organizaciones financiadas con capital extranjero que se dedican a la “actividad política”, un concepto que el Ministerio de Justicia interpreta de forma bastante amplia).

Los que se muestran críticos con el decreto no tienen posibilidades de obtener éxito en los juzgados. Desde el punto de vista jurídico, este decreto es difícil de “minar”. La Constitución de Rusia delega a una ley federal las competencias para determinar si un asunto constituye secreto de Estado o no. Esta ley se aprobó en 1997 y, desde entonces, su redactado se ha modificado en no pocas ocasiones. En cambio, hace muchos años que la lista de asuntos que no se pueden clasificar como secreto de Estado no sufre cambios.

En Rusia los únicos informes que no se pueden clasificar como secretos son los que tratan los siguientes ámbitos: emergencias y desastres naturales que amenacen la seguridad y la salud de los ciudadanos; las condiciones ambientales, la salud e higiene públicas, la demografía, la educación, la cultura, la agricultura, así como el índice de criminalidad; las prerrogativas, resarcimientos y garantías sociales que se otorgan a ciudadanos, funcionarios, empresas, entidades y organizaciones; los hechos que infrinjan el derecho y las libertades; el volumen de las reservas de oro y divisas; el estado de salud de los altos cargos del país; hechos que infrinjan la ley y hayan sido cometidos por los organismos del poder estatal y sus funcionarios. Como podemos ver, no se dice una sola palabra sobre las bajas.

Además, cuando el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, afirma que este decreto no tiene nada que ver con el conflicto de Ucrania, resulta complicado contradecir sus palabras. En la práctica, en 2011 el Ministerio de Defensa dejó de publicar información sobre las bajas que se producen en tiempos de paz (durante los ejercicios militares, en accidentes, etc.). ¿Y qué pasó? Pues nada. Nadie ha asumido responsabilidad alguna por eso, porque la ley no obligaba a publicar este tipo de informes. Simple y llanamente, la sociedad actual no demanda este tipo de “transparencia” de forma masiva.

El decreto de Putin es ambiguo. El derecho ruso no contempla el concepto de “operaciones especiales”. ¿Qué se puede considerar como tal? Los que se muestran críticos con el decreto suponen que, básicamente, lo que convenga: cualquier caso que se dé en el Ejército y se haya saldado con la muerte de un militar. Pero a mí me parece que la presencia de la fórmula “durante las operaciones especiales” por lo menos restringe el campo de la confidencialidad. En cualquier caso, establece un fundamento para apelar en los juzgados.

Este carácter impreciso de los muchos matices jurídicos de la ley que regula la actividad de las fuerzas del orden de Rusia es un fiel reflejo de la actual situación de la propia sociedad rusa. La sociedad no ha madurado hasta el punto de exigir que las fuerzas del orden y los servicios especiales operen bajo un estricto control social, incluso en el ámbito de la transparencia informativa. No hay un solo Estado en el mundo que por voluntad propia desee “desclasificar”, a menos que sufra la presión del electorado y la sociedad.

En realidad, todos los países occidentales también pasaron en su momento por esta etapa. Durante mucho tiempo los ejércitos y los servicios especiales de Occidente han escapado en gran parte al control social, incluso en regímenes “plenamente democráticos”. Por ejemplo, el FBI de mediados del siglo XX, liderado por Edgar Hoover. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los países desarrollados empezaron a adoptar leyes que sometían los servicios especiales a un estricto control de la sociedad, los medios de comunicación y los parlamentos. En EE UU, por ejemplo, esto ocurrió al finalizar la guerra de Vietnam y el Watergate. Estoy seguro de que Rusia también llegará a este punto. Pero más tarde.

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