El Gobierno ruso se muestra ineficiente en la lucha contra la drogadicción

Dibujado por Niyaz Karim

Dibujado por Niyaz Karim

La sociedad percibe el problema del consumo de drogas como uno de los mayores problemas de nuestro país. La epidemia del VIH en Rusia continúa aumentando, mientras que en otras regiones del mundo, África incluida, se está reduciendo. En 2007 a este problema se unió otra enfermedad: la tuberculosis resistente a la medicación.

Desde un punto de vista puramente médico, el Estado invierte más dinero en la compra de medicamentos antirretrovirales destinados a pacientes con VIH. Sin embargo, ignora por completo los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud de prevención del VIH entre toxicómanos, como por ejemplo los programas de agujas y jeringas desechables o los tratamientos sustitutivos.  

Otro problema concreto son las muertes por sobredosis. En todo el mundo existe un sistema de prevención que consiste en la distribución de naloxona (un eficaz antídoto contra las intoxicaciones por opiáceos) entre los adictos, así como en seminarios organizados por trabajadores sociales para enseñar a utilizarla. Todo esto forma parte de los llamados programas de reducción de daños asociados al consumo de drogas, pero en Rusia estos programas no reciben apoyo del Estado y se mantienen como pueden.

En mayo de 2012 el presidente Putin firmó un decreto “Sobre mejoras en la política estatal en el ámbito sanitario”, dirigido sobre todo a las reformas de la asistencia a la adicción hasta el 1 de enero de 2016. A día de hoy se puede sacar la siguiente conclusión: el trabajo que se realiza en este ámbito pone cada vez más énfasis en las prácticas de represión y control, en detrimento de las prácticas médicas y de investigación científica.

He aquí un ejemplo de ello. Se sabe que durante el tratamiento de una adicción relacionada con el consumo de opiáceos, el principal problema no radica en el llamado ‘mono’ (síndrome de abstinencia). La mayor dificultad se encuentra en la posterior rehabilitación, que consiste en un prolongado trabajo psicológico y social con el paciente.

A día de hoy en nuestro país existen tres centros especializados estatales de rehabilitación para drogodependientes. Si son ciertos los datos que proporciona el general Ivanov, director del Servicio Federal de Rusia para el Control de Estupefacientes, en Rusia viven unos 8 millones de consumidores de sustancias psicoactivas, de los cuales 2,5 millones son adictos a drogas inyectables. (Cabe señalar que la opinión manifestada por el general Ivanov no está respaldada por ninguna investigación científica relevante que abarque las 83 regiones de Rusia).

En este contexto, no resulta en absoluto sorprendente la proliferación de todo tipo de centros de rehabilitación privados, como la fundación Ciudad Sin Drogas de Yevgueni Roizman o Cambios en Rusia de Andréi Charushnikov (este último juzgado recientemente en Kémerovo por el asesinato de un paciente). En estas instituciones los toxicómanos no pasan por un tratamiento, sino por un auténtico calvario. Y ahora resulta que, según la reforma de la asistencia a la adicción, el Servicio Federal de Rusia para el Control de Estupefacientes tiene 200.000 millones de rublos para destinar a la creación de un sistema nacional de rehabilitación. ¿Cómo puede la policía antidroga, cuya obligación es ante todo luchar contra el narcotráfico, hacer el trabajo de médicos y psicólogos? Pues así: para empezar, en el nuevo sistema nacional han comenzado a incluir los centros privados ya existentes, incluida la fundación Ciudad Sin Drogas de Roizman, que ya se encuentra en la lista de centros de rehabilitación del Servicio Federal para el Control de Estupefacientes.

Mientras tanto, en Europa siguen un camino completamente distinto, reduciendo las medidas policiales en beneficio de las médico-sociales. Pero, ¿acaso en Rusia no existen recursos suficientes para la financiación de una asistencia social más eficaz? Al parecer, nosotros tenemos que recortar gastos, aunque no es así cuando se trata de los multimillonarios costes de la creación de la lista de los centros de rehabilitación o de la compra masiva de pruebas de consumo de estupefacientes.

De acuerdo con esta opinión, si se descubre a tiempo el consumo de drogas entre los niños y adolescentes se pueden evitar los problemas relacionados con ello. Esta idea la defiende a capa y espada, entre otros, el director del departamento antidroga del Ministerio de Sanidad, Yevgueni Briun.

Por desgracia, nada de esto tiene como principio el bienestar de los pacientes. Porque, ¿qué resultados puede dar un sistema basado en las pruebas de consumo de drogas? Este sistema no propone ninguna medida médico-social en el trabajo con niños o adolescentes. Los resultados obtenidos pueden únicamente ser punitivos: los consumidores descubiertos serán expulsados de las escuelas e institutos, inscritos en registros de tratamiento, etc.

Unas medidas de este tipo no harán más que aumentar el grado de estigma social de los drogadictos, quienes ya de por sí, y en palabras del populista Roizman, en nuestro país no se consideran personas, sino como animales. ¿Y qué derechos puede tener un animal?

Ninguno. Deben ser identificados y aislados. A esto se dedica Roizman, creador de una especie de sucedáneo de centro de tratamiento. Desgraciadamente, el servicio estatal antidrogas por ahora no ofrece a los habitantes de Rusia otra alternativa viable.

Alexánder Delfínov es creador y moderador del proyecto Narkofobia.

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Denis Avtonómov, psicólogo 

El pasado 28 de junio se presentó un proyecto del programa estatal interdepartamental denominado, Rehabilitación Integral y Reinserción Social de Consumidores de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. El encargado de elaborar el documento y de aplicar este programa es el Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN). 

Los objetivos de este programa estatal son reducir la demanda de estupefacientes, desarrollar medios de rehabilitación y garantizar el acceso a servicios sociales a todo aquel que quiera abandonar el consumo de drogas. 

El proyecto se divide en varias etapas de trabajo: prevención, diagnóstico precoz e intervención, tratamiento y asistencia, rehabilitación, integración social y prestación de servicios adicionales (que incluyen la ayuda para integrarse en el mercado laboral y el acceso a formación). 

Según datos del Servicio Federal de Control de Drogas, actualmente en Rusia existen alrededor de 500 centros no médicos de rehabilitación y reinserción social, creados por organizaciones no gubernamentales. En estos centros se someten a rehabilitación anualmente 20.000 drogodependientes. Conforme al proyecto, es preciso que se “creen los mecanismos y las condiciones indispensables para incrementar el número de toxicómanos rehabilitados hasta alcanzar los 150.000 al año”. 

Se supone que el Estado llevará a cabo una selección, creará una base de datos unificada de centros de rehabilitación no gubernamentales y abonará mediante transferencia bancaria los servicios de rehabilitación de cada ciudadano de Rusia que desee curarse de la dependencia a los narcóticos. El programa está previsto que se desarrolle entre 2013 y 2020 y la financiación de estas medidas ascenderá a  casi 5.500 millones de dólares. 

Sobre el papel todo se ve claro. Rehabilitación, asistencia, integración en el mercado laboral, servicios sociales, etcétera. Pero, como se sabe, “el diablo está en los detalles”. Para empezar, en lugar de emplear el concepto drogodependiente, es decir, persona con el hábito patológico de consumir narcóticos (drogadicción), en el proyecto se habla principalmente de consumidores de estupefacientes. 

El consumo de drogas no es una enfermedad en el sentido médico de la palabra. Solo una minoría de los consumidores de drogas desarrolla una adicción enfermiza, es decir, la drogodependencia. Sin embargo, conforme al proyecto del FSKN, se supone que un individuo será enviado a rehabilitación incluso en el caso de que haya consumido una sola vez narcóticos y psicotrópicos sin prescripción médica. Es decir, se prevé algo sorprendente: la curación de personas que no están enfermas. 

En general, la metodología del programa estatal se basa en la suposición errónea de que consumidores de drogas y drogadictos son términos equivalentes. Otro error de valoración de los responsables del proyecto es la convicción de que cualquier persona que consuma drogas acabará convirtiéndose en adicto, si no es sometido a tratamiento urgentemente. 

Ni siquiera se contempla el principio de anonimato en el proyecto. Es precisamente el miedo a quedar registrado la causa principal de que los drogadictos eviten tratarse de su toxicomanía en los hospitales estatales y centros de rehabilitación del Ministerio de Salud de Rusia.  

Se prevé la creación de un banco de datos de todas las personas que consumen drogas. Dependiendo de en qué manos caiga esta lista puede acarrear consecuencias graves y conducir a un menoscabo significativo de los derechos de los ciudadanos de la Federación de Rusia, como la limitación de las oportunidades de trabajo, la posesión de armas, la conducción de un medio de transporte, la tutela o adopción de hijos, etc. 

En conjunto, el proyecto estatal interdepartamental Rehabilitación Integral y Reinserción Social de Consumidores de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas» desarrollado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es excesivamente caro, sienta las bases para la creación de un estrecho círculo de centros de rehabilitación propios, contiene errores metodológicos, contradice los principios de la ética médica, etc. El proyecto supone multiplicar por más de siete los recursos destinados a rehabilitación sin una evaluación científica sólida que avale la necesidad de este incremento. 

Guerra Antidrogas

Teniendo en cuenta todos los puntos débiles enumerados del programa es imprescindible, en primer lugar, llevar a cabo una valoración escrupulosa con base científica que sea representativa del número de consumidores de drogas en la Federación de Rusia (algo que hasta ahora no se ha hecho), con un replanteamiento según los tipos de sustancias psicoactivas consumidas, la edad, el género, la situación laboral y la frecuencia del consumo de estupefacientes. 

Es imprescindible trazar una línea divisoria entre consumidores ocasionales y drogodependientes. La falta de estos datos preliminares no permite evaluar cuál es la demanda real de recursos para la rehabilitación ni planificar las expectativas de resultados. En la elaboración del proyecto se debe incorporar a expertos competentes (principalmente a abogados, psicólogos y médicos, no a representantes de los cuerpos de seguridad del Estado) y luego es preciso que lo examinen los especialistas de las principales instituciones científicas. 

Denis Avtonómov es psicólogo. Director de programas de rehabilitación de la organización benéfica No al alcoholismo y a la drogadicción de la Federación de Rusia.