El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó hoy una serie de leyes que obligan a los operadores de telefonía e internet almacenar todo el contenido generado por sus usuarios durante seis meses, facilitarlo a las autoridades si es requerido y proporcionar las herramientas para descifrar datos codificados.
Las compañías telefónicas y los proveedores en internet (redes sociales, servicios de mensajería e incluso tiendas de compra en línea, entre otros) deberán guardar durante seis meses todo el contenido generado por sus clientes, incluidas conversaciones, mensajes de texto, grabaciones de audio y de vídeo.
La polémica iniciativa -aprobada previamente en el Parlamento en el marco del llamado "paquete antiterrorista" y tachada por algunos de un paso hacia el espionaje total sobre los ciudadanos- persigue reforzar la prevención de acciones terroristas y no se aplicará hasta el 1 de julio de 2018.
Los operadores deberán además facilitar a las autoridades todas los protocolos y claves para decodificar cualquier información cifrada, y en caso de negarse, serán castigados con multas de hasta un millón de rublos (15.600 dólares).
La ley también obliga almacenar durante tres años la información general sobre todas las comunicaciones telefónicas y en internet, con datos que incluyen la identificación de los interlocutores, y la fecha y hora concretas en las que se producido la conexión.
Las principales compañías telefónicas de Rusia habían pedido a Putin que vetara la ley tras cifrar en hasta un billón de rublos (más de 15.500 millones de dólares) lo que costará a cada una de ellas el almacenamiento y gestión de tan ingentes cantidades de información.
Incluso el ministro de Comunicación ruso, Nikolái Nikíforov, advirtió que las tarifas telefónicas y de internet pueden multiplicarse por cuatro con la aplicación de la nueva normativa.
Otra de las reformas más polémicas del "paquete antiterrorista" tipificó un nuevo delito en el Código Penal ruso: a partir de ahora, "la incitación, reclutamiento u otra forma de inducción" a participar en desórdenes públicos serán castigados con penas de cárcel de entre cinco y diez años.
Muchos recuerdan que los disturbios que se dieron en Moscú en mayo de 2012, cuando la policía dispersó a un grupo de opositores que quisieron convertir una manifestación en una protesta indefinida, fue calificada por la Justicia de desórdenes públicos y sus organizadores fueron condenados a sendas penas de prisión.
Ese hecho se produjo en medio de las multitudinarias protestas en las que cientos de miles de personas protestaron contra el fraude en las elecciones parlamentarias de 2011 y las presidenciales de 2012, ganadas por el actual inquilino del Kremlin.
El "paquete antiterrorista" endurece los castigos por prácticamente todos los delitos relacionados con el terrorismo y el extremismo y además, rebaja hasta los 14 años la edad mínima a la que un adolescente puede ser juzgado por la vía penal por este tipo de crímenes y por participar en desórdenes públicos.
Incluso por no informar a las autoridades de que se está preparado un delito de naturaleza terrorista o extremista -otra incorporación al Código Penal incluida en el paquete de leyes promulgado hoy y que prevé penas de prisión de hasta un año- podrá ir a prisión un ciudadano que haya alcanzado la edad de 14 años.
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