Rusia demandó a Ucrania ante los tribunales internacionales por el impago de una deuda de 3.000 millones de dólares, una muesca más en el permanente conflicto entre ambos países.
"Lamentablemente, Ucrania demostró que no estaba dispuesta a entablar negociaciones en un espíritu de buena voluntad, a lo que le exhortamos no sólo nosotros, sino también el Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov.
Por ello, agregó, "la única solución a este asunto era acudir a los tribunales, que es lo que hemos hecho".
Este contencioso tiene mucho de político, ya que Moscú concedió a Kiev dicho crédito en diciembre de 2013, después de que Ucrania renunciara a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) y apostara por restablecer plenamente las relaciones comerciales con su vecino del norte.
Esa decisión del Gobierno ucraniano provocó una ola de protestas que desembocaron en violentos disturbios y en el derrocamiento en febrero de 2014 del entonces presidente, Víktor Yanukóvich.
Las nuevas autoridades acusaron entonces al Kremlin de intentar comprar voluntades con la concesión de ese crédito y, una vez el país estuvo al borde de la suspensión de pagos, se negaron a devolver el préstamo.
Precisamente, Siluánov recordó hoy los "vanos" llamamientos a Kiev a entrar en razón y aceptar la reestructuración de una deuda que fue calificada de "soberana" por el FMI, por lo que no se puede reestructurar como en el caso de las compañías privadas.
El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo a Ucrania una propuesta de reestructuración muy cercana a la realizada por los acreedores privados, a razón de 1.000 millones de dólares anuales entre 2016 y 2018, que Kiev rechazó.
Ante el empecinamiento ucraniano, Putin ordenó acudir a los tribunales, aunque curiosamente esta decisión no se plasmó hasta el estallido ayer de una profunda crisis política en Ucrania con la fallida moción de censura contra el Gobierno.
Rusia impuso hoy una demanda judicial ante el Alto Tribunal de Justicia de Londres, conocido por "tramitar de manera imparcial los contenciosos entre las partes soberanas en relación con el incumplimiento del pago de deudas por obligaciones en euros".
Siluánov se mostró convencido de que el "proceso judicial será abierto y transparente y los derechos de Rusia, como acreedor, serán defendidos por una corte prestigiosa e independiente".
El ministro ruso destacó que dicha demanda sienta un precedente histórico y auguró que el moroso, en este caso Ucrania, "tendrá que lamentarlo".
Rusia está convencida de que la corte británica le dará la razón y que Ucrania no tiene posibilidad alguna de ganar la disputa, pero reconoce que no será fácil recuperar el dinero si Kiev se niega a saldar sus deudas.
"Los activos del (país) soberano (en alusión a Ucrania) se encuentran bajo inmunidad. Si éste no quiere pagar voluntariamente ni cumplir la decisión judicial, el demandante tendrá que buscar por su cuenta activos que no estén protegidos bajo inmunidad", admitió Serguéi Storchak, viceministro de Finanzas.
Storchak, quien considera que la negativa a pagar de Ucrania significa de hecho que ese país ha entrado en suspensión de pagos, puso en duda que Kiev disponga en estos momentos de activos por valor de 3.000 millones de dólares.
En diciembre pasado, el primer ministro ucraniano, Arseni Yatseniuk, anunció que suspendía el pago de la deuda rusa "hasta el momento en que se acepte nuestra propuesta de reestructuración o se dicte un fallo judicial".
Yatseniuk subrayó que Ucrania "está dispuesta a enfrentarse a Rusia en los tribunales" y recordó que el país ya ha reestructurado su deuda con "los acreedores decentes".
Además de esa deuda, más los 75 millones de dólares de intereses, Kiev también se niega a pagar los 507 millones de otro crédito concedido por Moscú a dos compañías ucranianas: Yuzhnoe y Ukravtodor.
Enfrentados por la anexión de Crimea y la injerencia rusa en el conflicto en el este de Ucrania, ambos países se enzarzaron a finales del pasado año en una abierta guerra comercial.
Rusia y Ucrania suspendieron al unísono el acuerdo de libre comercio que les unía desde octubre de 2011, por lo que ambos países aumentaron los aranceles el pasado 1 de enero, y se impusieron mutuamente sendos embargos alimentarios.
A su vez, Ucrania se sumó a las sanciones económicas occidentales y puso en marcha un bloqueo comercial contra la península de Crimea, territorio al que Kiev también suspendió el suministro de electricidad.
El último contencioso bilateral ha sido la reciente decisión de ambos países de prohibir el tránsito de camiones por sus territorios.
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