Fiscalía española propone juzgar a 27 miembros de la mafia rusa Tambovskaya

La Fiscalía Anticorrupción española ha propuesto juzgar a veintisiete presuntos miembros de la organización mafiosa rusa Tambovskaya-Malyshevskaya que actuaban en España desde 1996 por delitos de asesinato, lesiones, coacciones, amenazas o tráfico de influencias.

Así consta en el escrito de la Fiscalía enviado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el que se pide el juicio contra esa veintena de personas, entre ellas los presuntos cabecillas de la trama, Gennadius Petrov, Alexander Ivanovich Malyshev y Leonid Khristoforov.

En el escrito, los fiscales anticorrupción de Baleares y Madrid explican que los encausados son originarios sobre todo de San Petersburgo y Moscú pero que operaban diversos puntos de España.

Llevaban a cabo conductas criminales de asesinato, palizas por encargo, amenazas, coacciones, tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, contrabando, tráfico de drogas y delitos contra la Hacienda Pública.

La mayoría tienen antecedentes penales en Rusia y en otros países de la Unión Europea, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus domicilios en España, "las actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados", según el escrito de la fiscalía.

En España canalizaban el "enorme rendimiento económico" que generaban sus actividades "mediante asesores jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva para la organización" y que se acabaron integrando en ella, hasta el punto de que hay cinco imputados españoles.

Así, se generaba lo que los fiscales califican como una especie de "unión temporal de empresas criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles", cuyo objetivo en España era integrar los beneficios en el sistema económico mediante ampliaciones de capital, préstamos societarios, tránsitos de dinero desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países como Alemania.

En España, por tanto, la red se dedicaba a introducir capitales violando la legislación y eludiendo el pago de impuestos, una actividad, destaca la Fiscalía, "aderezada con simulaciones de contratos y falsedades documentales capaces de distorsionar" la verdadera titularidad del dinero, según el documento del ministerio público.

Una vez recibido el escrito, el juez de la Audiencia tendrá que decidir si seguir el procedimiento contra los veintisiete encausados mediante su procesamiento, y luego, en su caso, abrir juicio oral.

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