La Fiscalía Anticorrupción española ha
propuesto juzgar a veintisiete presuntos miembros de la organización
mafiosa rusa Tambovskaya-Malyshevskaya que actuaban en España desde 1996
por delitos de asesinato, lesiones, coacciones, amenazas o tráfico de
influencias.
Así consta en el escrito de la Fiscalía enviado
al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el que se pide el
juicio contra esa veintena de personas, entre ellas los presuntos
cabecillas de la trama, Gennadius Petrov, Alexander Ivanovich Malyshev y
Leonid Khristoforov.
En el escrito, los fiscales
anticorrupción de Baleares y Madrid explican que los encausados son
originarios sobre todo de San Petersburgo y Moscú pero que operaban
diversos puntos de España.
Llevaban a cabo conductas
criminales de asesinato, palizas por encargo, amenazas, coacciones,
tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, contrabando,
tráfico de drogas y delitos contra la Hacienda Pública.
La
mayoría tienen antecedentes penales en Rusia y en otros países de la
Unión Europea, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus
domicilios en España, "las actividades criminales de los respectivos
grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son
ejecutadas por mandos intermedios y subordinados", según el escrito de
la fiscalía.
En España canalizaban el "enorme rendimiento
económico" que generaban sus actividades "mediante asesores
jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva para la
organización" y que se acabaron integrando en ella, hasta el punto de
que hay cinco imputados españoles.
Así, se generaba lo que los
fiscales califican como una especie de "unión temporal de empresas
criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles", cuyo
objetivo en España era integrar los beneficios en el sistema económico
mediante ampliaciones de capital, préstamos societarios, tránsitos de
dinero desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países como
Alemania.
En España, por tanto, la red se dedicaba a
introducir capitales violando la legislación y eludiendo el pago de
impuestos, una actividad, destaca la Fiscalía, "aderezada con
simulaciones de contratos y falsedades documentales capaces de
distorsionar" la verdadera titularidad del dinero, según el documento
del ministerio público.
Una vez recibido el escrito, el juez
de la Audiencia tendrá que decidir si seguir el procedimiento contra los
veintisiete encausados mediante su procesamiento, y luego, en su caso,
abrir juicio oral.
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