Se congelan las cuentas bancarias de cientos de rusos en España

Las cuentas de cientos rusos residentes en España y de otros ciudadanos de la antigua URSS han sido congeladas, según información difundida por el canal alemán Deutsche Welle ayer lunes. La acción se debe a la ley contra el blanqueo de capitales, aprobada en el 2010 y vigente desde mayo del 2014 en el territorio español.

El medio también conversó con el abogado de Valencia Gregorio Fuentes, que declaró que algunos empresarios y hombres de negocios rusos han despertado especial interés de las autoridades. También agregó que se congelaron los fondos de las personas que no han cumplido con la solicitud de explicar el origen de estos recursos durante un largo plazo, alrededor de dos o tres meses.

Si usted es un migrante por trabajo, va a trabajar en bicicleta, alquila un ático y tiene unos cientos de euros en el banco, nadie va a molestarle”, destacó Fuentes. “Pero si compró una hacienda de varios millones, unas acciones de un costo parecido y conduce un Bentley, puede estar seguro de que tarde o temprano estará a la vista de los órganos competentes y recibirá el aviso de comprobar el origen de sus ingresos”, cita Deutsche Welle al abogado español.

El medio también informó de que los rusos que se han visto afectados probablemente se negaron a presentar los recursos debido al miedo a tener que pagar más impuestos. Además, están obligados a declarar sus ingresos también en Rusia. Al informar a las autoridades los residentes de España tienen que pagar la diferencia de impuestos al gobierno español. En Rusia el impuesto sobre la renta es del 13% para todos los estratos mientras que en España puede llegar a alcanzar el 52% para los ingresos altos, aunque mediante el uso de sociedades como las sicav apagan pagando mucho menos.

Según informa la agencia Sputnik, las autoridades españolas exigen actualmente que se les declare la propiedad valorada en más de 50.000 euros que se encuentra fuera de España. Ocultar esos datos puede acarrear una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. El ministerio de Economía español, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), el Banco de España y el Ministerio de Hacienda se abstuvieron de hacer comentarios, afirmando que desconocían más datos de la situación y no era de su competencia.

Al entrar en vigor la ley contra el fraude fiscal causó polémica en internet. La ley, que además demanda declarar cada transferencia mayor de 3.000 euros por trimestre, fue duramente criticada por los rusos, que la consideraron un intento de disuadir la inversión extranjera en el país.

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