Al menos 4.707 personas han muerto y otras
10.322 han resultado heridas a causa del conflicto en el este de
Ucrania, según el último recuento de la Oficina de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estos datos contabilizan todas las víctimas desde mediados de abril
hasta el 12 de diciembre, mientras que desde que el supuesto alto el
fuego fue decretado el pasado 6 de septiembre hasta la fecha se han
registrado 1.357 muertes.
Estas cifras se recogen en el octavo informe redactado por la Oficina de Derechos Humanos sobre el conflicto en el país.
"La desaparición de la ley y el orden, así como la violencia y los
enfrentamientos en las regiones del este, exacerbadas por un influjo de
sofisticado armamento pesado, y de combatientes extranjeros, incluyendo
algunos de la Federación Rusa, tienen un impacto directo en todos los
derechos humanos fundamentales, incluyendo seguridad, libertad,
bienestar", indica el informe.
Por otra parte, el documento
hace especial hincapié en las condiciones de vida de las personas que
permanecen en las regiones orientales del país, donde residen al menos 5
millones de personas que "tienen reales dificultades para poder
sobrevivir".
El informe recuerda que los rebeldes prorrusos
organizaron unas "elecciones" (entrecomillado del informe) el pasado 2
de noviembre en las áreas bajo su control, y el Gobierno ucraniano
respondió anulando todos los servicios que provee el Estado en las zonas
en conflicto.
"La situación de las personas que dependen de
la protección del Estado, o dependen de sus servicios, y que no han
podido o no han querido trasladarse hacia áreas controladas por el
Gobierno central y donde esos servicios se ofrecen es de gran
preocupación", señala el informe.
El texto recuerda que esta
decisión ha exacerbado la situación de vulnerabilidad de las personas en
el este, dado que han desaparecido servicios esenciales como la salud,
la educación y la asistencia social.
Por otra parte, el
informe también se refiere a lo acordado en el Protocolo de Minsk del 5
de septiembre y que tenía que servir como base para una resolución
pacífica del conflicto.
El texto recuerda que el Gobierno de
Ucrania llevó a cabo los principales pasos legislativos como establecer
una amnistía y decretar una ley sobre el estatus especial de las
regiones del este, aunque después se retractó de ellas.
Mientras, los grupos armados no implementaron ninguno de los puntos del Protocolo.
Los prorrusos "no permitieron el control de la frontera
ucraniano-rusa por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE); no organizaron elecciones locales basándose en la ley
ucraniana; y no retiraron los grupos armados ilegales, equipamiento
militar y militantes y mercenarios del territorio de Ucrania".
Finalmente, el informe también se refiere al hecho de que los prorrusos
no han liberado a unas 378 personas que tenían retenidas.
Y
acusa al Gobierno de perpetrar detenciones arbitrarias, desapariciones
forzadas y malos tratos a personas sospechosas de separatismo.
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