El Estado de Derecho ha desaparecido en la
región oriental de Ucrania, donde operan grupos separatistas prorrusos
cada vez mejor organizados y armados, reveló hoy la ONU, al presentar el
último informe de su misión de derechos humanos en ese país.
"El Estado de Derecho ya no existe y ha sido reemplazado por la ley de
la violencia", señala el informe divulgado por la Oficina de la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el documento se acusa a esos grupos -liderados ahora por un comando
centralizado dirigido por ciudadanos rusos- de imponer a la población
las consecuencias de una "ruptura total de la ley, del orden y el reino
del terror".
Una de las más graves es el desplazamiento
forzado de más de 100.000 personas, para las que el Gobierno ucraniano
no ha previsto soluciones a medio o largo plazo.
De esos
desplazados, 14.000 vivían en la península de Crimea, anexionada el
pasado marzo por Rusia tras un referéndum entre los crimeanos
abrumadoramente favorable a esa opción, y han abandonado sus hogares
para instalarse en otras partes de Ucrania debido al acoso y
discriminación que sufrían por formar parte de ciertas minorías.
Incluso los "representantes de minorías religiosas están bajo presión
para abandonar Crimea" y el Obispo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha
denunciado que los feligreses y la propiedad de su iglesia están
amenazados.
Según el informe, que cubre el periodo del 8 de
junio al 25 de julio, los intensos enfrentamientos con artillería pesada
dentro y alrededor de áreas pobladas "han devastado pueblos y aldeas,
arrasado edificios residenciales y asesinado a un creciente número de
sus ocupantes".
Los informes de intensos combates en Donestk y
Lugansk son muy alarmantes, con ambas partes que usan "artillería
pesada, en zonas de edificios, incluidos tanques, cohetes y misiles",
comentó la alta comisionada Navi Pillay.
En relación al caos
imperante en Donestk y Lugansk, el informe sostiene que en ambos "los
gobiernos locales han dejado, en los hechos, de funcionar", con lo que
los salarios, pensiones y otros desembolsos de carácter social han
dejado de ser pagados en algunos lugares.
A este respecto, el
jefe de la Sección para las Américas, Europa y Asia Central del alto
comisionado, Gianni Magazzeni, quien presentó el informe a la prensa,
dijo que los grupos rebeldes "en lugar de ir en la dirección de
discusiones y negociaciones con las autoridades en Kiev han optado por
crear estructuras paralelas" de gobierno.
"Ello incluye una
nueva Constitución para la región de Donbass (Lugansk y Donestk) y un
nuevo Código de Procedimientos Penal, calcado del que tiene Rusia,
mientras que las instituciones antes existentes han dejado de funcionar,
incluidos la policía, la justicia y otros varios servicios públicos",
explicó Magazzeni.
Lamentó que aunque el Gobierno central puso
en los últimos meses sobre la mesa propuestas relativas a un alto el
fuego, reformas constitucionales y medidas de descentralización y para
la preservación del idioma ruso -todas demandas de la minoría
rusohablante de Ucrania- la situación sólo ha empeorado.
"En
lugar de ver mejoras de la situación y algún diálogo político, vemos un
aumento de armas pesadas al alcance de cualquiera en el este del país",
sostuvo Magazzeni.
Una de las acciones de los rebeldes contra
civiles que más preocupa a la oficina de derechos humanos de la ONU
tiene que ver con los secuestros, con 721 casos documentados, de los que
en 375 casos se desconoce hasta ahora el paradero de la víctima.
Las motivaciones de estos secuestros son variadas y van desde el
intercambio con rebeldes detenidos por las fuerzas gubernamentales o el
pago de un rescate, hasta el uso de los secuestrados en trabajos
forzados.
Se ha corroborado que muchos hombres retenidos trabajan en la excavación de trincheras y preparan barricadas.
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