El Tribunal Municipal de Moscú anuló ayer el
registro de la agencia digital de noticias Rosbalt por el empleo de
palabras soeces, en virtud de una ley promulgada en abril pasado por el
presidente ruso, Vladímir Putin.
Al tomar esa decisión, el
tribunal se basó en la recomendación de la Agencia de Control de Medios
de Comunicación y Tecnologías de la Información (Roskomnadzor), que
acusó a Rosbalt de publicar más de una noticia que contenía palabras
malsonantes.
"Si un medio no ha violado la ley, no tiene de
qué preocuparse. El empleo de palabras soeces por parte de un medio de
comunicación no tiene nada que ver con la libertad de expresión",
aseguró Alexandr Zharov, jefe de Roskomnadzor, a la agencia Interfax.
Entre las noticias que motivaron la anulación del registro de la
agencia figura una acompañada de un vídeo del grupo musical femenino
Pussy Riot, dos de cuyas integrantes cumplen dos años de cárcel por
escenificar una plegaria punk en el mayor templo ortodoxo ruso.
"Estamos en desacuerdo con la decisión del tribunal. Es una
arbitrariedad. Recurriremos a la siguiente instancia", aseguró Natalia
Cherkésova, jefa del consejo de dirección de Rosbalt, quien añadió que
"si un medio es cerrado, es que a alguien le conviene".
Mientras, Larisa Afónina, directora general de la publicación, adelantó
que en caso de que el Tribunal Supremo rechazara la apelación,
recurrirán al Constitucional.
"Se ha creado un precedente, y
no uno de los mejores. No sabían lo que hacían. Nuestro cierre no será
bueno ni para los lectores ni para el Estado. Nosotros trabajamos como
otros medios normales en defensa de la ley, el bien y la justicia",
apuntó.
Afónina agregó que la agencia "nunca tuvo un deseo
especial de informar sobre lo malo, sino sobre cosas diferentes", y
subrayó que Rosbalt "nunca fue considerada opositora".
"Seguiremos trabajando. Creo que aún más a lo grande, con mayor libertad", dijo.
La decisión fue muy criticada por el presidente de la Unión de
Periodistas de Rusia, Vsévolod Bogdánov, quien se manifestó "sorprendido
por esta categórica decisión".
Por su parte, el presidente de
la Unión de Periodistas de Moscú, Pável Gúsev, aseguró que la decisión
de la Justicia contra Rosbalt era "un precedente muy peligroso".
"Un paso no sopesado por parte del Estado que da a entender a los
medios de información que la interpretación de una ley puede conllevar
el cierre de un medio", dijo.
El presidente del Consejo de
Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Mijaíl Fedótov, también tachó la
decisión de "analfabetismo jurídico"; mientras Reporteros sin Fronteras
la calificó en un comunicado emitido en París de "absurda y
desproporcionada".
Mientras, en ambas cámaras del Parlamento
ruso, Duma y Senado, controladas por el partido del Kremlin, Rusia
Unida, se respaldó la anulación del registro de Rosbalt con el argumento
de que la agencia había recibido la pasada semana varias advertencias
por el uso de palabrotas que podían herir la sensibilidad del lector.
"Efectivamente, la decisión del tribunal no tiene precedentes (...),
pero no existe ninguna motivación política. Los órganos judiciales
tenían importantes motivos para el cierre y su decisión fue imparcial",
dijo Ruslán Gattárov, jefe de la comisión de Política Informativa del
Senado.
La ley establece responsabilidad administrativa por la
elaboración y difusión por los medios de comunicación de materiales que
contengan groserías.
Expertos filólogos son los encargados de
determinar si las palabras o las expresiones empleadas por los medios
son motivo de sanción.
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