El Gobierno del Reino Unido admitió hoy que
"las relaciones exteriores" fueron un factor que influyó en su rechazo a
autorizar una investigación pública del asesinato en Londres en 2006
del exespía ruso Alexander Litvinenko.
A principios de este
mes, el Ejecutivo de David Cameron anunció que no autorizaría ese tipo
de pesquisa, por lo que solo se hará la investigación judicial forense
preceptiva en este país en el caso de muertes en extrañas
circunstancias.
La ministra del Interior, Theresa May, explicó
hoy que una investigación pública, con un juez designado por el
Ejecutivo, habría sido difícil de justificar ante los socios
internacionales, que en cambio podrán entender el examen forense, parte
del sistema judicial británico.
"Es cierto que las relaciones
internacionales han sido un factor en la decisión del Gobierno", afirmó
May, quien matizó sin embargo que no había sido el único ni "decisivo".
La ministra alegó que una investigación pública hubiera tenido acceso
"a material potencialmente relevante para los intereses" de esos socios
internacionales, en alusión a Rusia, con la que el Reino Unido ha
restablecido a duras penas una relación diplomática tras el caso del
exespía.
El antiguo agente del KGB Alexander Litvinenko murió
en Londres en noviembre de 2006 envenenado con polonio-210 radiactivo
tras consumir una taza de té en un hotel de la capital donde se había
reunido con contactos rusos.
Su esposa, Marina Litvinenko, cree que fue asesinado por instrucción del Kremlin.
Mientras continúa la investigación policial -estancada por la
negativa de Rusia de extraditar a los sospechosos, Andréi Lugovoi y
Dmitri Kovtun-, hace unos meses empezó, como es habitual en el Reino
Unido, la pesquisa forense para establecer las circunstancias de la
muerte.
Fue el propio juez forense encargado del caso, Robert
Owen, quien, coincidiendo con la voluntad de Marina, pidió al Gobierno
que autorizara una investigación pública más amplia, pues él no tendrá
acceso a material sensible importante para la investigación que el
Gobierno no está dispuesto a desclasificar.
Durante las
audiencias preliminares del proceso judicial forense, la viuda reveló
que, en el momento de su muerte, su marido trabajaba para los servicios
secretos británicos y españoles.
Theresa May explicó hoy por
carta a Owen su rechazo a celebrar la investigación pública y subrayó
que ésta no hubiera revelado información diferente a la que ahora se
conocerá.
Debido al veto del Ministerio de Exteriores, Owen no
tendrá acceso a información sobre los servicios secretos ni otros datos
sobre la posible implicación del Estado ruso, algo que considera le
impedirá ejercer sus funciones.
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