Londres admite que la relación con Rusia pesó para frenar el caso Litvinenko

El Gobierno del Reino Unido admitió hoy que "las relaciones exteriores" fueron un factor que influyó en su rechazo a autorizar una investigación pública del asesinato en Londres en 2006 del exespía ruso Alexander Litvinenko.

El Gobierno del Reino Unido admitió hoy que "las relaciones exteriores" fueron un factor que influyó en su rechazo a autorizar una investigación pública del asesinato en Londres en 2006 del exespía ruso Alexander Litvinenko.

A principios de este mes, el Ejecutivo de David Cameron anunció que no autorizaría ese tipo de pesquisa, por lo que solo se hará la investigación judicial forense preceptiva en este país en el caso de muertes en extrañas circunstancias.

La ministra del Interior, Theresa May, explicó hoy que una investigación pública, con un juez designado por el Ejecutivo, habría sido difícil de justificar ante los socios internacionales, que en cambio podrán entender el examen forense, parte del sistema judicial británico.

"Es cierto que las relaciones internacionales han sido un factor en la decisión del Gobierno", afirmó May, quien matizó sin embargo que no había sido el único ni "decisivo".

La ministra alegó que una investigación pública hubiera tenido acceso "a material potencialmente relevante para los intereses" de esos socios internacionales, en alusión a Rusia, con la que el Reino Unido ha restablecido a duras penas una relación diplomática tras el caso del exespía.

El antiguo agente del KGB Alexander Litvinenko murió en Londres en noviembre de 2006 envenenado con polonio-210 radiactivo tras consumir una taza de té en un hotel de la capital donde se había reunido con contactos rusos.

Su esposa, Marina Litvinenko, cree que fue asesinado por instrucción del Kremlin.

Mientras continúa la investigación policial -estancada por la negativa de Rusia de extraditar a los sospechosos, Andréi Lugovoi y Dmitri Kovtun-, hace unos meses empezó, como es habitual en el Reino Unido, la pesquisa forense para establecer las circunstancias de la muerte.

Fue el propio juez forense encargado del caso, Robert Owen, quien, coincidiendo con la voluntad de Marina, pidió al Gobierno que autorizara una investigación pública más amplia, pues él no tendrá acceso a material sensible importante para la investigación que el Gobierno no está dispuesto a desclasificar.

Durante las audiencias preliminares del proceso judicial forense, la viuda reveló que, en el momento de su muerte, su marido trabajaba para los servicios secretos británicos y españoles.

Theresa May explicó hoy por carta a Owen su rechazo a celebrar la investigación pública y subrayó que ésta no hubiera revelado información diferente a la que ahora se conocerá.

Debido al veto del Ministerio de Exteriores, Owen no tendrá acceso a información sobre los servicios secretos ni otros datos sobre la posible implicación del Estado ruso, algo que considera le impedirá ejercer sus funciones.

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