"La policía no utilizó la fuerza. El desalojo
fue llevado a cabo por guardias de seguridad de una empresa privada",
dijo un portavoz policial, citado por la misma agencia.
Según
la versión de la policía, los agentes se encontraban en las
inmediaciones de la oficina de ONG con exclusivo propósito de
salvaguardar el orden público.
El Defensor del Pueblo ruso,
Vladímir Lukín, calificó de arbitraria la actuación de las autoridades,
que arguyeron la extinción del contrato de alquiler para justificar el
desalojo de la ONG.
"La autoridades de Moscú y del Ministerio
del Interior no permitieron acceder al lugar de los hechos, lo que es
una violación de la ley federal constitucional sobre el Defensor del
Pueblo", se quejó Lukín.
El movimiento dirigido por
Ponomariov, un veterano de la defensa de los derechos humanos, se negó a
acatar la nueva ley rusa que obliga a las ONG que realizan actividades
políticas y reciben financiación del exterior a inscribirse en un
registro como "agentes extranjeros".
La ley, que somete a esas
ONG a un severo sistema de control administrativo, ha sido duramente
criticada y denunciada, tanto en el país como en el extranjero, como
otro paso de involución democrática en Rusia.
Ante la lluvia
de críticas, a mediados de este mes el presidente ruso, Vladímir Putin,
se mostró dispuesto a perfeccionar la controvertida legislación.
El Defensor del Pueblo se mostró entonces satisfecho con la
declaración de Putin y aseguró que la modificación de la citada ley
sería "la decisión correcta".
"La ley tiene unos defectos muy
graves, en particular relacionados con la falta de precisión de sus
nociones básicas, en particular la noción de 'actividad política'",
señaló Lukin.
Por su parte, la organización de derechos humanos Memorial ha abogado por derogar la ley.
"Es imposible perfeccionar esa ley. Lo ideal, por supuesto, sería
derogarla. Viola el derecho a la libertad de asociación, la Constitución
rusa y diferentes obligaciones internacionales de Rusia", afirmó Arseni
Roguinski, director de Memorial.
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