Esos países, entre los que se encuentran
también Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria, quedan sujetos a posibles
sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial
o la negativa de Estados Unidos a que reciban préstamos de
instituciones multilaterales, según dicta la ley estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene ahora noventa
días para decidir si somete a sanciones a los recién señalados países,
algo que parece improbable en el caso de China y Rusia dado su peso
estratégico, pero que hoy reclamaron algunos congresistas críticos con
el historial de derechos humanos de Pekín.
En 2012, se
identificaron alrededor de 46.000 víctimas de entre los 27 millones de
personas que siguen retenidas contra su voluntad y forzadas laboral o
sexualmente en todo el mundo, según indicó el secretario de Estado de
Estados Unidos, John Kerry, al presentar el informe.
"Este
informe es duro porque éste es un asunto difícil, y cuando el mundo lo
lea con detenimiento, esperamos que inicie un diálogo más productivo",
dijo Kerry.
La "lista negra", la más baja de las cuatro
categorías que contempla el informe, incluye a Rusia, China, Uzbekistán,
Cuba, Siria, Irán, Corea del Norte, Sudán, Libia, Yemen, Arabia Saudí,
Argelia, la República Centroafricana, la República Democrática del
Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Kuwait, Papúa Nueva Guinea, Zimbabue,
Mauritania y Guinea-Bissau.
Mientras que Venezuela escapó el
año pasado a esa categoría para entrar en una lista de vigilancia
especial, donde permanece junto a Honduras, Haití y otros países, Cuba
vuelve a verse señalada por el Departamento de Estado entre los países
que no cumplen.
El Gobierno de Raúl Castro "no está haciendo
esfuerzos significativos para cumplir con los mínimos estándares" sobre
el tráfico de personas, según el informe, que recomienda a La Habana
"prohibir el tráfico sexual para todos los menores de 18 años".
En cuanto a China, el informe destaca que Pekín "no ha demostrado
esfuerzos significativos para prohibir íntegramente y sancionar todas
las formas de tráfico", además de "perpetuar" activamente el tráfico "en
al menos 320 instituciones estatales mientras que ayudaba a víctimas en
sólo 7".
"Dado que el Gobierno proporciona tan poca
información sobre arrestos o procesos judiciales, es difícil determinar
si ha tomado pasos adecuados para castigar a los funcionarios
gubernamentales cómplices del tráfico", apunta el documento.
En Rusia, el Departamento de Estado lamenta que durante 2012, el
Gobierno "no tenía ningún mecanismo formal de identificación de
víctimas" e hizo "mínimos esfuerzos para identificar o preocuparse por
el gran número de trabajadores migrantes vulnerables a la explotación
laboral".
Rusia y China permanecieron nueve años en la lista
de vigilancia antes de ser rebajados a la categoría más baja ante la
falta de avances claros, siguiendo las reglas de la ley de Estados
Unidos sobre víctimas de tráfico de personas, que obliga a elaborar el
informe.
De los 188 países que examina el documento, sólo 30
cumplen con los mínimos estándares establecidos por la ONU para combatir
la trata de personas, según el Departamento de Estado.
Entre
ellos se encuentra el propio Estados Unidos, pese a ser "fuente,
tránsito y destino" de víctimas de tráfico de personas, y pese a que
persistieron los informes de "empleados domésticos sometidos a trabajos
forzados por misiones diplomáticas extranjeras" o la prostitución
forzada de niñas indígenas.
Los países de los que proceden la
mayoría de víctimas de tráfico de personas en Estados Unidos son, por
este orden, México, Tailandia, Filipinas, Honduras, Indonesia y
Guatemala.
España también aparece en el informe dentro de la
categoría de Gobiernos que "cumplen plenamente" con su deber en esta
materia, pese a que en 2012 "no emitió condenas a ningún responsable por
trabajos forzados" y sus servicios para las víctimas infantiles siguen
siendo "inadecuados".