Rusia, en contra de separar las agendas del G8 y G20 por política y economía

El presidente ruso, Vladímir Putin, se manifestó hoy en contra de separar las agendas del G8 (los siete países más industrializados del mundo más Rusia) y del G20 (países desarrollados y emergentes) para dar más peso político al primero y limitar al ámbito económico la actividad del segundo.

El presidente ruso, cuyo país desempeña este año la presidencia del G20 y que asumirá el año que viene el liderazgo del G8, adelantó que Rusia llevará "las amenazas a la seguridad" global a la agenda de los ocho países más industrializados durante la cumbre que les reunirá la próxima semana en el balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

Mientras, a poco menos de tres meses para la cumbre del G20 en San Petersburgo, Putin volvió a plantear la agenda rusa de cara al foro que reúne a las economías más importantes del mundo: consenso de las políticas económicas, reforma de las instituciones de las finanzas internacionales y refuerzo de la confianza de los mercados.

Apenas un año después de ingresar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) después de 18 años de difícil negociación, Rusia ya plantea reformas de este organismo, creado en 1995 para regular el comercio internacional y ofrecer a sus socios los mecanismos para resolver sus disputas en este ámbito.

"Lamentablemente, vemos que existe cierto estancamiento en la OMC", subrayó Putin, que pidió acelerar las negociaciones en el marco de la llamada Ronda de Doha, encaminada a resolver las diferencias comerciales entre países con distinto nivel de desarrollo económico.

Rusia también insistirá a sus socios del G20 en la más pronta reforma del sistema de cuotas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incrementar las aportaciones y en consecuencia la capacidad de decisión de las economías pujantes.

La reforma, que tiene que dar más peso a los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), fue aprobada en 2010 pero no ha entrado en vigor al no ser ratificada hasta ahora por los parlamentos de varios países miembros del FMI, entre ellos Estados Unidos.