El juicio contra doce opositores rusos
acusados de participar hace un año en violentos disturbios que
estallaron durante una autorizada manifestación contra el Kremlin,
arrancó hoy en el Tribunal Urbano de Moscú.
"Presentaremos un
requerimiento para que se cierre el caso penal", afirmó Alexéi
Miroshnichenko, abogado de los opositores, antes del comienzo de la
vista, citado por las agencias locales.
En caso de negativa,
el abogado añadió que pedirá al juez que devuelva el caso a la Fiscalía
debido a las numerosas infracciones procesales cometidas durante la
investigación.
Varios autobuses con efectivos antidisturbios
han sido estacionados en las inmediaciones del tribunal para prevenir
posibles incidentes.
Además, también se han congregado junto
al edificio familiares y partidarios de los opositores, que acusan a las
autoridades de orquestar una campaña de represión contra la oposición
extraparlamentaria para aplacar el movimiento de protesta.
Los
opositores son acusados de participar el 6 de mayo de 2012 en
disturbios masivos, recurrir a la fuerza contra los efectivos
antidisturbios y desacatar a las fuerzas del orden, por lo que podrían
ser condenados a varios años de cárcel.
Según la Fiscalía, los
acusados "hicieron llamamientos a los disturbios masivos y tomaron
parte activa en ellos", además de destruir mobiliario urbano y recurrir a
la violencia al lanzar piedras y trozos de asfalto a los agentes de
policía.
En los enfrentamientos, tras los que fueron detenidas
más de medio millar de personas, 82 policías resultaron heridos y los
daños causados ascendieron a 28 millones de rublos (casi un millón de
dólares).
En relación con este caso, en noviembre del pasado
año el empresario Maxim Luzianin fue condenado a cuatro años y medio de
cárcel por agredir a un miembro de los efectivos antidisturbios durante
la citada manifestación.
En abril, Konstantín Lébedev fue
sentenciado a dos años y medio de cárcel tras reconocer su culpabilidad y
colaborar con la investigación.
Además, prosigue la causa
contra los organizadores de los disturbios, entre los que figuran el
líder del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, bajo arresto
domiciliario y que podría ser condenado a diez años de prisión.
También es investigado el diputado georgiano Guivi Targamadze,
reclamado por la Justicia rusa por haber supuestamente organizado y
financiado los disturbios.
Recientemente, el Defensor del
Pueblo ruso, Vladímir Lukin, pidió ante la Duma o cámara de diputados la
amnistía para los acusados en este caso penal, al considerar que esos
enfrentamientos violentos fueron una excepción en la pacífica campaña de
protestas contra el Kremlin.
En su primera manifestación
multitudinaria en medio año, la oposición pidió el pasado 6 de mayo, la
liberación de todos los presos políticos.
La oposición
mantiene que fueron los efectivos de la policía quienes se excedieron
entonces en el ejercicio de sus funciones al golpear a decenas de
manifestantes sin motivo alguno.
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