La nueva ley rusa, en vigor desde el 21 de
noviembre del año pasado, somete a las ONG a un régimen jurídico
especial y a un estricto control por parte de los organismos
gubernamentales.
Las principales organizaciones rusas de
defensa de los derechos humanos se han negado a acatar la nueva ley, que
consideran una campaña de presión en respuesta a las protestas
antigubernamentales.
En los últimos meses Rusia ha lanzado una
campaña de registros de las ONG financiadas por Occidente que ha sido
muy criticada, especialmente por Estados Unidos y Alemania.
Según la organización Human Rights Watch, Rusia vive el peor ataque
contra la sociedad civil desde la disolución de la Unión Soviética.
"Será muy importante cómo se va a determinar e interpretar el concepto 'actividad política'", subrayó Jagland.
Agregó que el ministro de Justicia ruso, Alexandr Konoválov, le
manifestó que "se preocupará por que la aplicación de la ley no cause
daño a la sociedad civil".
"Nosotros vamos a seguir
atentamente la situación", subrayó el secretario general del CE, que no
descartó la posibilidad de que los problemas de las ONG rusa puedan ser
llevados al Tribunal de Estrasburgo
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