HRW hace hincapié en la adopción en los
últimos doce meses de numerosas leyes restrictivas que han sido
duramente criticadas por las cancillerías occidentales y la oposición
rusa.
Destaca entre éstas la norma que obliga a registrarse
como agentes extranjeros a las ONG políticas que reciben financiación
exterior; la ley sobre mítines; la ley sobre traición a la patria; la
nueva lista negra de páginas en internet o la inclusión de la difamación
en el código penal.
"Las nuevas leyes y la intimidación del
Gobierno están empujando a los activistas de derechos humanos fuera del
marco de la ley", apunta Hugh Williamson, director de HRW en Europa y
Asia Central.
Según esta organización, las leyes y el trato a
la sociedad civil viola los compromisos internacionales de Rusia en
materia de derechos humanos.
El informe critica en particular
la campaña de inspecciones y registros de las oficinas de centenares de
ONG por parte de funcionarios de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y
el servicio tributario y, en ocasiones, del departamento de policía que
combate el extremismo.
La Justicia ya ha incoado un proceso
administrativo contra la organización Golos, que supervisa los derechos
de los votantes durante las elecciones, por negarse a registrarse como
agente extranjero.
HRW, cuyas oficinas también fueron registradas, llama a la Justicia rusa a retirar los cargos contra Golos.
"El Gobierno afirma que las inspecciones son rutinarias, pero está
claro que no lo son. La campaña tiene una escala sin precedentes y
evidentemente está encaminada a intimidar y marginar a los grupos de la
sociedad civil", agregó Williamson.
En su opinión, "la campaña
de inspecciones puede ser usada potencialmente para obligar a algunos
grupos a poner fin a sus funciones o a cerrar".
"El término
'agente extranjero' es comprendido por todas partes en Rusia como un
espía o traidor, por lo que es difícil eludir la impresión de que al
adoptar la ley, las autoridades buscan desacreditar y demonizar a los
grupos de la sociedad civil que aceptan financiación extranjera",
destaca.
La organización llama a Rusia a cesar la represión de
la sociedad civil y respetar los derechos políticos y civiles más
básicos, y adaptar las leyes en línea con las recomendaciones del
Consejo de Europa y la ONU.
Además, llama a la Unión Europea a
articular una política común hacia Rusia que sitúe los derechos humanos
como una de los ejes en las relaciones entre Bruselas y Moscú.
Williamson considera que los Veintisiete deben advertir a Rusia sobre "la urgente necesidad de detener los abusos"