Rusia vive el mayor ataque contra la sociedad civil desde la URSS, según HRW

El informe asegura que el ataque contra los derechos humanos ha coincidido en el tiempo con el retorno al Kremlin de Vladímir Putin en mayo del pasado año, tras un paréntesis de cuatro años como primer ministro.

HRW hace hincapié en la adopción en los últimos doce meses de numerosas leyes restrictivas que han sido duramente criticadas por las cancillerías occidentales y la oposición rusa.

Destaca entre éstas la norma que obliga a registrarse como agentes extranjeros a las ONG políticas que reciben financiación exterior; la ley sobre mítines; la ley sobre traición a la patria; la nueva lista negra de páginas en internet o la inclusión de la difamación en el código penal.

"Las nuevas leyes y la intimidación del Gobierno están empujando a los activistas de derechos humanos fuera del marco de la ley", apunta Hugh Williamson, director de HRW en Europa y Asia Central.

Según esta organización, las leyes y el trato a la sociedad civil viola los compromisos internacionales de Rusia en materia de derechos humanos.

El informe critica en particular la campaña de inspecciones y registros de las oficinas de centenares de ONG por parte de funcionarios de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el servicio tributario y, en ocasiones, del departamento de policía que combate el extremismo.

La Justicia ya ha incoado un proceso administrativo contra la organización Golos, que supervisa los derechos de los votantes durante las elecciones, por negarse a registrarse como agente extranjero.

HRW, cuyas oficinas también fueron registradas, llama a la Justicia rusa a retirar los cargos contra Golos.

"El Gobierno afirma que las inspecciones son rutinarias, pero está claro que no lo son. La campaña tiene una escala sin precedentes y evidentemente está encaminada a intimidar y marginar a los grupos de la sociedad civil", agregó Williamson.

En su opinión, "la campaña de inspecciones puede ser usada potencialmente para obligar a algunos grupos a poner fin a sus funciones o a cerrar".

"El término 'agente extranjero' es comprendido por todas partes en Rusia como un espía o traidor, por lo que es difícil eludir la impresión de que al adoptar la ley, las autoridades buscan desacreditar y demonizar a los grupos de la sociedad civil que aceptan financiación extranjera", destaca.

La organización llama a Rusia a cesar la represión de la sociedad civil y respetar los derechos políticos y civiles más básicos, y adaptar las leyes en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa y la ONU.

Además, llama a la Unión Europea a articular una política común hacia Rusia que sitúe los derechos humanos como una de los ejes en las relaciones entre Bruselas y Moscú.

Williamson considera que los Veintisiete deben advertir a Rusia sobre "la urgente necesidad de detener los abusos"