Putin exigió endurecer el castigo por la tala
ilegal y mejorar los sistemas de vigilancia de las superficies
forestales del país.
El año pasado, siete mil personas fueron
sancionadas administrativamente, mientras que el perjuicio a las arcas
del Estado por la tala ascendió a 10.000 millones de rublos (333
millones de dólares), apuntó.
Putin lamentó que la Agencia
Forestal rusa y algunas regiones ofrecen información tergiversada sobre
este problema, mientras que las fuerzas del orden a menudo no hacen nada
para atajar ese negocio ilegal lucrativo.
"Hoy día no tenemos
información veraz acerca de la cantidad y calidad de nuestros recursos
forestales. Tan sólo disponemos de información sobre el 19 por ciento de
la superficie forestal", subrayó el presidente ruso.
El líder
ruso también denunció que "la corrupción y la ignorancia" en la gestión
forestal "llevan al empeoramiento de la seguridad ecológica y la
reducción de la superficie de bosques aptos para la tala".
Recordó que una quinta parte de la superficie forestal de Rusia está
arrendada para su tala y aprovechamiento, pero los concursos para la
concesión administrativa de estos bosques "no han sido transparentes".
"Los ganan sobre todo empresas cercanas al poder y sus
intermediarios. La gente que vive al lado del bosque a menudo no pueden
aprovecharlo para sus propias necesidades a precios razonables, y se ven
obligados a mendigar a las autoridades locales, a humillarse, a pagar
de más", aseveró Putin.
El Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) denunció recientemente la tala ilegal masiva de árboles valiosos
en la región de Primorie, en el Lejano Oriente ruso, destinados para la
exportación a la vecina China.
"En el caso del roble mongol
(una de las especies más valiosas de la región) se permite la tala de
450.000 metros cúbicos anuales, y en realidad son talados más de
900.000", se quejaba el director de WWF Rusia, Igor Chestin.
Chestin explicó que la madera de Primorie se exporta al gigante asiático
para la producción de muebles y parqué, productos que a su vez exportan
los chinos a Estados Unidos y la Unión Europea, donde paradójicamente
las leyes castigan a los productores por el empleo de la "madera negra"
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