La Fiscalía de Rusia anunció hoy que
inspeccionará las actividades de unas 700 ONG que operan en territorio
ruso y que son presuntamente financiadas desde el exterior.
"Durante los preparativos de la inspección (...) nos llegaron
informaciones de que 654 ONG (...) recibieron en el periodo entre el 21
de noviembre y el 26 de marzo de este año fondos que superan los 28.300
millones de rublos (943 millones de dólares)", dijo a la agencia
Interfax la portavoz de la Fiscalía, Marina Grídneva.
Precisó
que ninguna de dichas entidades se inscribió en la lista de "agentes
extranjeros", tal y como prescribe la controvertida ley promulgada por
el presidente ruso, Vladímir Putin.
"A día de hoy, continúan
las inspecciones para determinar qué objetivos persiguen las
organizaciones financiadas desde el exterior, qué actividades realizan y
si éstas se corresponden con la legislación", dijo.
Grídneva
agregó que algunas ONG obstruyen esas inspecciones al negarse tanto a
entregar la documentación exigida por las autoridades rusas como a
reunirse con los fiscales.
El fiscal general ruso, Yuri
Chaika, aseguró hoy al comisario para los derechos humanos del Consejo
de Europa, Nils Muiznieks, que los registros de las ONG estaban
planificadas de antemano y se hacen dentro del marco legal del país.
"Nadie prohíbe la actividad de estas organizaciones. Tan sólo
advertimos de que no se puede infringir la ley y cada organización debe
declarar abiertamente la procedencia de los recursos con los que
financia su actividad", apuntó Chaika.
Las autoridades rusas
anunciaron la víspera la apertura de un expediente administrativo a la
ONG Golos, la organización que denunció fraude electoral en 2011, por
negarse a ser registrada como "agente extranjero".
La nueva
ley, que obliga a registrarse como "agentes extranjeros" a las ONG que
reciben financiación del exterior y participan en política, entró en
vigor el pasado 21 de noviembre en Rusia.
A partir de esa
fecha las ONG están sometidas a un régimen jurídico especial y a un
estricto control por parte de los organismos gubernamentales.
Las principales organizaciones rusas de defensa de los derechos humanos
han anunciado que no acatarán la nueva ley, que consideran una campaña
de presión como consecuencia de las protestas antigubernamentales.