El fiscal general ruso, Yuri Chaika, aseguró
hoy al comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils
Muiznieks, que las inspecciones a las ONG estaban planificadas de
antemano y se hacen dentro del marco legal del país.
"Nadie
prohíbe la actividad de estas organizaciones. Tan sólo advertimos de que
no se puede faltar a la ley y cada organización debe declarar
abiertamente la procedencia de los recursos con los que financia su
actividad", apuntó Chaika, citado por la portavoz de la Fiscalía, Marina
Grídneva, en declaraciones a Interfax.
Según Grídneva, el
fiscal general aclaró a Muiznieks que "las inspecciones estaban
previstas y se realizan de acuerdo con el estricto cumplimiento de la
legislación rusa".
Chaika recordó al político europeo que el
Parlamento ruso aprobó a finales del pasado año una ley que obliga a
registrarse como "agentes extranjeros" a aquellas ONG que reciben
financiación del exterior y desarrollan actividades políticas.
"Sin embargo, ninguna de estas organizaciones se ha apuntado al
correspondiente registro, a pesar de que siguen recibiendo financiación
desde el exterior", precisó Gridneva.
Las autoridades rusas
anunciaron la víspera la apertura de un expediente administrativo a la
ONG Golos, la organización que denunció fraude electoral en 2011, por
negarse a ser registrada como "agente extranjero".
La medida,
adoptada dos días después de que el presidente Vladímir Putin fuera
recibido con protestas en su visita a Alemania, fue calificada hoy de
ilegal por Andréi Bábushkin, miembro del Consejo de Derechos Humanos
adjunto a la Presidencia rusa.
"Golos no puede ser reconocido
como agente extranjero porque no actúan en interés de sujetos
extranjeros", dijo el activista, que agregó que los actos públicos
organizados por la ONG no tienen carácter político, ya que no persiguen
la obtención y retención del poder.
En virtud de la ley de las
ONG, Golos podría ser sancionada con una multa de hasta 500.000 rublos
(16.000 dólares), mientras que su directora ejecutiva, Lilia Shibánova,
podría ser condenada al pago de hasta 300.000 rublos (9.600 dólares).
Desde el mes pasado, las ONG presentes en Rusia, tanto las nacionales
como las internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human
Right Watch, son objeto de una masiva campaña de registros e
inspecciones por parte de las autoridades.
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