La nueva norma legislativa, que se aplicará
también a los medios digitales, fue aprobada el mes pasado por ambas
cámaras de la Asamblea Federal, el Parlamento ruso.
Contempla
multas de hasta 3.000 rublos (unos 100 dólares) para particulares; de
hasta 20.000 rublos (unos 650 dólares) para cargos públicos, y de hasta
200.000 (unos 6.500 dólares) para personas jurídicas.
Expertos
filólogos se encargarán de determinar si las palabras o las expresiones
empleadas por los medios son motivo de sanción.
La iniciativa
fue aprobada en medio de un escándalo por un artículo en el diario
Moskovski Komsomólets (MK) cuyo autor, Georgui Yans, cargó contra la
jefa del Comité Anticorrupción de la Duma, Irina Yarovaya, a quien
activistas opositores habían hallado una vivienda de lujo no declarada
en el centro de Moscú.
El periodista tildó de "prostitución
política" las actividades de la actual diputada oficialista, término que
provocó la indignación del partido oficialista Rusia Unida y un gran
número de reacciones.
Hasta ahora, la legislación rusa
contemplaba sanciones administrativas por el uso de palabras malsonantes
únicamente en los medios de comunicación destinados a niños y
adolescentes.
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