Putin, que hizo estas afirmaciones durante
una reunión con el Defensor del Pueblo ruso, Vladímir Lukín, subrayó que
"el objetivo de todas estas inspecciones es comprobar si las
actividades de las ONG se corresponden con los fines anunciados".
"Todos deben realizar sus actividades en el marco de la ley. (Las
inspecciones) Son actividades rutinarias relacionadas con el deseo de
los órganos de seguridad de que las organizaciones actúen en consonancia
con la legislación rusa", subrayó en el balneario de Sochi, en el mar
Negro.
Además, Putin pidió al Defensor del Pueblo que siga
detenidamente la marcha de las inspecciones de las ONG y que le mantenga
debidamente informado.
"Me gustaría que no se permitiera ningún exceso", dijo.
La Fiscalía General también justificó hoy la inspección masiva de las
principales ONG que operan en Rusia, entre las que figuran Amnistía
Internacional, Transparencia Internacional o Human Rights Watch (HRW)
con la lucha contra el extremismo.
"Todas las quejas de las
ONG sobre violaciones de sus derechos e intereses durante las
inspecciones serán debidamente estudiadas", afirmó Marina Grídnieva,
portavoz de la Fiscalía.
Según la organización de defensa de
los derechos humanos AGORA, cerca de un centenar de ONG han informado en
los últimos días sobre inspecciones sorpresa de sus oficinas en todo el
país, durante las que en algunos casos fueron confiscados sus
ordenadores y otros documentos.
Hoy, mismo, la veterana
activista Ludmila Alexéyeva informó de que un grupo de agentes de las
fuerzas de seguridad habían comenzado a registrar la sede del Grupo de
Helsinki de Moscú, la organización defensora de los derechos humanos más
antigua del país.
La directora de HRW en Europa y Asia
Central, Rachel Denber, ha tachado de "presión sobre la sociedad civil"
la inspecciones de las ONG, opinión secundada por la organización
Memorial, nominada en varias ocasiones para el premio Nobel de la Paz.
La Fundación Konrad Adenauer, afín a la Unión Cristianodemócrata
Alemana de la canciller Angela Merkel, expresó esta semana su
preocupación y calificó de inaceptable el nuevo registro llevado a cabo
en sus oficinas en San Petersburgo.
Los activistas consideran
que esas acciones se enmarcan en una campaña oficial contra las
organizaciones financiadas desde el exterior y a las que el Kremlin
considera instrumentos de injerencia en los asuntos internos de Rusia.
Once ONG enviaron el pasado 6 de febrero una queja al Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo contra la ley que regula desde noviembre
sus actividades y que obliga a registrarse como "agentes extranjeros" a
aquellas que reciben financiación del exterior.
Las
principales organizaciones no gubernamentales rusas anunciaron en
noviembre pasado que no acatarán en ningún caso la ley promulgada por el
presidente ruso al considerarla represiva.
La ley considera
políticamente activas a las ONG que financien u organicen acciones
políticas que persigan influir en la toma de decisiones de instituciones
estatales y participen en la formación de la opinión pública.
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