Desde finales de febrero, decenas de inspecciones se llevaron a cabo en al menos 13 regiones de la Federación Rusa.
Las inspecciones se centraron en aquellas organizaciones que
supuestamente reciben financiación extranjera y que realizan trabajos de
vigilancia.
"La información sobre las fuentes de financiación
de las ONG es pública. Se publican en sus web y periódicamente se
comunican a los organismos pertinentes. Todos los programas son también
auditados regularmente por los donantes." informó Souhayr Belhassen,
Presidenta de la FIDH.
Añadió que "esta represión masiva y la
campaña mediática (que la acompaña) supone una difamación a gran escala y
un intento de obstaculizar las actividades legítimas y necesarias de
las ONG".
Todo ello bajo el contexto de la resolución tomada
la semana pasada por el Consejo de Derechos Humanos, recordando que "la
legislación nacional y las disposiciones administrativas (...) deberían
facilitar la labor de los defensores de derechos humanos, entre otras
cosas evitando cualquier criminalización, estigmatización, impedimentos,
obstáculos o restricciones contrarias a los Derechos Humanos
Internacionales".
Según el derecho internacional, los Estados
tienen la obligación de apoyar, directa o indirectamente, la
financiación de las actividades de la sociedad civil, en particular
mediante la creación de un entorno propicio, sin interferir en su
independencia.
A lo que añadió el Observatorio que las
autoridades rusas deben dejar de crear y mantener una postura que
criminaliza a los defensores de derechos humanos y los trata como a
"delincuentes".
El diecinueve de marzo, la portavoz de la
Oficina del Fiscal declaró en San Petersburgo que se iban a realizar
5.000 inspecciones en un mes, para verificar el cumplimiento de las
leyes en materia de terrorismo, extremismo, así como otros delitos.
Después de esta fecha, decenas de organizaciones no gubernamentales fueron inspeccionadas en San Petersburgo.
Estas operaciones son realizadas por fiscales, así como en algunos
casos, por los funcionarios del Ministerio de Justicia, el Ministerio
del Interior, el Servicio Federal de Seguridad, el Ministerio de
Situaciones de Emergencia, el Servicio Federal para la Supervisión de
Protección de los Derechos del Consumidor y Bienestar Humano, la
Inspección Tributaria, e incluso el servicio de bomberos.
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