Según el contrato firmado en 2009 y en vigor
hasta 2019, la gasística ucraniana Naftogaz debe pagar anualmente por un
mínimo de 41.600 millones de metros cúbicos de gas aunque haya
importado menos, pues existe una cláusula denominada "toma o paga" (take
or pay, en inglés).
El año pasado, Ucrania importó casi 9.000 millones de metros cúbicos de gas menos de lo estipulado en el acuerdo.
Gazprom, a su vez, reclama el pago de 7.000 millones de dólares por concepto del gas que no importó Ucrania.
La parte ucraniana resta legitimidad a los contratos de suministro de gas firmados en 2009, ya que los considera abusivos.
Precisamente la firma de esos acuerdos llevó a prisión a la ex
primera ministra Yulia Timoshenko, al frente del Gobierno cuando éstos
fueron suscritos.
Timoshenko fue condenada en 2011 a siete
años de prisión por el delito de "abuso de poder" por autorizar la firma
de los acuerdos gasísticos de 2009, que las actuales autoridades
ucranianas consideran extremadamente onerosos para la economía del país.
La exprimera ministra y líder de la oposición, que se declara
inocente, ha denunciado que la persecución judicial en su contra es una
venganza política.
Los comentarios en víspera de la reunión de
hoy, que se celebrará en Zavídovo, una de las residencia campestres del
presidente ruso, no infunden optimismo sobre sus resultados.
"Las discrepancias se mantienen y no está prevista la firma de documentos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
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