La resolución del TC destaca que la multa
mínima de 10.000 rublos (unos 330 dólares, 247 euros) para un particular
y de 50.000 rublos (unos 1.650 dólares, 1.238 euros) para los
funcionarios no puede reflejar la responsabilidad individual por la
infracción administrativa.
"El monto de la multa es desorbitado. Los legisladores deben reducir la cantidad mínima", apunta.
El Constitucional, que respondió así a la petición presentada por el
escritor y opositor al Kremlin Eduard Limónov, subrayó que, mientras la
multa mínima no sea reducida, los jueces podrán imponer sanciones
económicas menores a las marcadas por ley.
Mientras, agrega, la multa máxima si están en consonancia con la Carta Magna.
Putin promulgó la controvertida ley tras las mayores protestas
antigubernamentales en 20 años "con el fin de proteger a la sociedad
rusa del radicalismo", documento que, según la oposición y las
cancillerías occidentales, restringe la libertad de manifestación.
El propio jefe del Consejo de Derechos Humanos (CDH) adscrito al
Kremlin, Mijaíl Fedótov, llamó a Putin a no firmar la ley y remitirla de
nuevo al Parlamento, aduciendo que el documento es "anticonstitucional"
y viola las obligaciones contraídas por Rusia.
La ley
estipula unas multas máximas de hasta 300.000 rublos (casi 10.000
dólares, 7.500 euros) para las personas físicas que infrinjan las
normas, aunque ofrece como alternativa el cumplimiento de 200 horas de
trabajo social.
Al respecto, el TC opinó que los trabajos
obligatorios sólo pueden ser aplicados en casos de perjuicio a la salud o
daños a la propiedad, pero no por infracciones menores, ya que esto
puede interpretarse como un "medio de represión de la disidencia".
El tribunal recuerda que Rusia ha firmado acuerdos internacionales
que impiden castigar a los ciudadanos con trabajos sociales por sus
ideas políticas.
Además, es el Estado ruso el que debe costear
los daños en caso de disturbios y no los organizadores de una
manifestación autorizada, quienes tampoco deben ser responsables de los
destrozos causados por los manifestantes.
Y ordena también la
modificación de la ley que regula la creación de espacios especialmente
habilitados en cada región del país para la celebración de acciones y
debates públicos, a imagen y semejanza del Hyde Park de Londres.
Al mismo tiempo, el TC considera constitucional tanto el
endurecimiento de la responsabilidad de los organizadores de los
mítines, como su obligación de aceptar los itinerarios propuestos por
las autoridades o la prohibición de los mismos de hacer propaganda antes
de recibir autorización oficial.
Anteriormente, las sanciones
impuestas no superaban los 5.000 rublos (166 dólares, 124,55 euros)
para los participantes y los 50.000 (1.657 dólares, 1.238 euros) para
los convocantes.
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