La subsecretaria norteamericana de Estado
para Asuntos de Control de Armas y Seguridad Internacional, "Rose
Gottemoeller, vendrá a mediados de febrero. Nosotros le presentaremos
nuestras ideas y escucharemos lo que nos tienen que ofrecer nuestros
socios estadounidenses", dijo a la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti.
"Se trata de una transformación de la base existente. Puede ser un
acuerdo, un compromiso o un protocolo. Esto hay que precisarlo durante
el proceso de negociación", agregó.
Riabkov explicó que el
actual acuerdo sobre proliferación y destrucción de armas de destrucción
masiva, que expira en junio próximo, ya no responde a las necesidades
actuales de ambos países.
El diplomático subrayó que Moscú se
propone crear un marco legal más moderno para la cooperación en materia
nuclear entre las dos potencias con mayor arsenal de destrucción masiva
que protagonizaron la Guerra Fría.
El acuerdo Nanna-Lugar, que
recibió en 1991 el nombre de los dos senadores estadounidenses autores
de dicho documento, contemplaba la asistencia financiera a las antiguas
repúblicas soviéticas para la destrucción de su arsenal nuclear y
químico.
Rusia, que firmó en 2009 con Washington un nuevo
acuerdo START de reducción de armas nucleares, informó el pasado año a
Estados Unidos de su intención de no prolongar el acuerdo.
A
su vez, Riabkov negó hoy que Rusia se proponga denunciar nuevos acuerdos
bilaterales debido al empeoramiento de las relaciones desde el retorno
en mayo pasado al Kremlin de Vladímir Putin.
Rusia saludó la
pasada semana el nombramiento de John Kerry como nuevo secretario
norteamericano de Estado en sustitución de Hillary Clinton, a la que
Moscú acusa directamente de la actual tensión.
Rusia aprobó en
diciembre pasado una ley que prohíbe las adopciones de niños rusos por
familias de Estados Unidos, iniciativa que desató fuertes críticas por
parte de la oposición liberal, los defensores de los derechos humanos y
algunos miembros del Gobierno.
La prohibición llegó en
respuesta al "Acta Magnitski" aprobada por el Senado de Estados Unidos y
que impone sanciones, como negación de visados y congelación de
activos, a funcionarios rusos presuntamente implicados en la muerte en
prisión preventiva del abogado ruso Serguéi Magnitski, acaecida en 2009.