El Ejecutivo considera que los delitos
cometidos con armas de fuego para defensa personal, incluido las
permitidas por la ley, "sigue siendo muy alarmante", según las agencias
locales.
"En los últimos cinco años se han cometido más de dos
mil delitos o infracciones con dichas armas, lo que incluye daños
físicos a más de 500 personas, de los que cerca de un centenar murieron a
causa de las heridas recibidas", destaca.
Además, considera
suficientes las armas de uso civil que ya están autorizadas en este país
y niega que las armas cortas se hayan mostrado en la práctica más
efectivas que las anteriores en materia de defensa personal.
El nacionalista Partido Liberal Democrático presentó un proyecto de ley
con el fin de autorizar la tenencia de armas cortas de cañón estriado a
mayores de 23 años, que tendrían que cumplir ciertos requisitos para
obtener la correspondiente licencia.
El primer ministro ruso,
Dmitri Medvédev, ha insistido en su oposición a la libre posesión de
armas de fuego desde la muerte a mediados de diciembre pasado de
veintisiete personas, veinte de ellas niños, en una escuela de la ciudad
estadounidense de Newtown.
Medvédev considera que la sociedad
rusa, donde sólo son legales armas no letales y las escopetas de caza,
no está preparada para adoptar esa tradición arraigada, según él, en la
cultura política y legal estadounidense.
En 2010, cuando aún
era presidente de Rusia, Medvédev endureció tanto el control sobre el
uso de armas de fuego no letales como los castigos por el tráfico ilegal
de armamento y munición civil.
En julio del pasado año el
vicepresidente del Senado ruso, Alexandr Torshin, propuso convocar un
referéndum sobre la legalización de la posesión de armas de fuego,
iniciativa que fue rechazada por el Ministerio del Interior.
Torshin, quien estimó en unos seis millones el número de rusos que posee
armas de fuego, aseguró que "cuando el Estado es incapaz de garantizar
la seguridad, la salud y la propiedad de los ciudadanos, surge la
cuestión del uso de las armas de fuego en defensa propia".
Mientras, la Asociación de Propietarios de Armas Civiles rechazó la
propuesta, aduciendo que la corrupción vigente en Rusia permitiría que
cualquier extremista o enfermo mental cumpliera los requisitos
necesarios para adquirir un arma.
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