La Fiscalía General notificó el viernes a
Timoshenko que es sospechosa de haber encargado el asesinato de Sherban,
crimen en el que también estaría involucrado el entonces primer
ministro ucraniano, Pável Lazarenko.
Según el artículo 93 del
código penal (asesinato), la líder opositora podría ser condenada a
cadena perpetua, afirmó el fiscal general, Víctor Pshonka.
Partidarios de Timoshenko se manifiestan desde ayer frente al edificio
de la administración del presidente, Víctor Yanukóvich, para protestar
contra la represión política de su líder y de otros opositores.
"Cuando una persona es acusada de asesinato, impago de impuestos,
malversación de grandes cantidades de dinero y abuso de poder; cuando a
una persona se le notifica sobre la sospechas de organizar y financiar
un asesinato, ¿cómo se puede hablar de represión política?", replicó hoy
el fiscal adjunto Renat Kuzmín.
Según informa hoy la prensa
local, Sherban fue asesinado por decisión de Timoshenko y Lazarenko tras
negarse a que la corporación estatal Sistemas Energéticos Unidos se
convirtiera en monopolista en el suministro de gas en la región oriental
ucraniana de Donetsk.
Pshonka precisó que "Lazarenko pagó a
un grupo criminal 500.000 dólares", tras lo que "2,3 millones de dólares
fueron transferidos por Timoshenko para el asesinato de Sherban".
Sherban, director de la corporación financiera Atón, fue asesinado
junto a su esposa el 3 de noviembre de 1996 en el aeropuerto de la
ciudad oriental de Donetsk adonde llegó en un avión procedente de Moscú.
En abril de 2012 Ruslán, hijo del asesinado, presentó ante la
Fiscalía pruebas escritas de la posible implicación de Timoshenko y
Lazarenko en el asesinato de su padre.
Pshonka explicó que
este caso se unirá al segundo proceso judicial abierto contra
Timoshenko, por el que está acusada de endosar presuntamente al Estado
ucraniano una deuda contraída por Sistemas Energéticos Unidos ante el
Ministerio de Defensa ruso por valor de 405,5 millones de dólares.
Timoshenko, que ya fue condenada en octubre de 2011 a siete años de
cárcel por abuso de poder, no ha comparecido ni una vez ante los
tribunales desde el comienzo del segundo proceso en abril pasado por
motivos de salud.