Dibujado por Konstantín Máler
El sistema de gasoductos debe estar construido de tal manera que, en caso de que sea necesario, se pueda sustituir cualquier ruta de suministro, incluso la más importante. En la actualidad la exportación anual de Gazprom desde Rusia hasta Europa depende de las condiciones climáticas y de la coyuntura del mercado europeo.
En este momento, grosso modo, para transportar gas a Europa se necesitan tuberías con una capacidad de 130-140.000 millones de metros cúbicos al año, sin tener en cuenta los suministros de gas a Finlandia, los Países Bálticos y Turquía a través de gasoductos independientes. Ahora el gas a Europa pasa parcialmente a través del Nord Stream, de Bielorrusia y de Ucrania. La capacidad del Nord Stream es de 55.000 millones de metros cúbicos al año cuando se utiliza a pleno rendimiento, el sistema bielorruso garantiza el tránsito de cerca de 35-40.000 millones de metros cúbicos y el ucraniano de 140-150.000 millones de metros cúbicos.
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La existencia del South Stream permitirá no depender de cualquiera de las rutas actualmente activas y, sobre todo, de lat ucraniana.
Esto no significa que Gazprom renuncie automáticamente al tránsito vía Ucrania, pero la dependencia de cara a las autoridades ucranianas disminuirá sustancialmente. Además, en el contexto de una competencia bastante fuerte en el mercado gasístico europeo y de la disposición de Gazprom a rebajar los precios, los consumidores europeos pueden estar tranquilos de que no sufrirán un incremento por gastos adicionales.
Este año los países europeos se han inquietado por los riesgos de una interrupción del tránsito de gas por territorio ucraniano. South Stream puede hacer que esta cuestión deje de estar en la agenda durante los dos próximos dos años, por eso el proyecto es ventajoso para los consumidores europeos.
Aunque desde un punto de vista económico, sus características pueden suscitar serios problemas. Resulta difícil imaginar que la puesta en marcha del proyecto South Stream se acompañe de un aumento del volumen de suministros de gas desde Rusia: la capacidad del nuevo gasoducto puede alcanzar 63.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y parece poco probable a corto plazo semejante aumento de la demanda de gas ruso.
La realización de este proyecto se ha visto frenado por el periodo de transición del mercado europeo, lo que ha sumido al South Stream en el epicentro del actual contexto de conflicto, reforzando su cariz político. Es víctima de un doble torbellino político.
Por un lado, estos últimos años se ha planteado la cuestión de su adecuación al Tercer paquete energético, al cual la Comisión Europea exige que los Estados miembros se sometan desde hace tiempo.
En el marco de esta legislación, la Comisión obliga a que la extracción y el transporte del gas sean responsabilidad de compañías diferentes, así, no puede prohibir a las compañías rusas y búlgaras que instalen tuberías conforme a los acuerdos internacionales alcanzados, pero puede hacer que se prohíba suministrar gas mediante estos conductos.
En definitiva, las autoridades de los países europeos que participan en este proyecto tienen que elegir: continuar trabajando a cualquier coste asumiendo el riesgo de provocar el enfado de la Comisión Europea o interrumpir las obras y esperar. El gobierno búlgaro ha optado por tomar la segunda decisión. Lo hizo de una forma bastante ostentosa, con la amenaza de recurrir a la justicia. De este modo, las autoridades del país han demostrado a la Comisión Europea que Bulgaria es un actor solidario, pero en realidad no se ha abandonado nada y no amenaza las perspectivas del proyecto.
En cualquier caso es imprescindible el compromiso entre Gazprom y las autoridades europeas, aunque entre ellas hay un conflicto político de fondo: ninguna de las partes está dispuesta a cambiar su modelo económico. Por un lado, los europeos tienen derecho a exigir a las compañías que operan en el territorio de la Unión que respeten la legislación europea. Por otro lado, hay ejemplos contrarios, como por ejemplo la actividad de la OPEP.
Esta organización constituye un cártel en toda regla, y los cárteles en la Unión Europea están rigurosamente prohibidos. Sin embargo, esto no impide que los europeos compren petróleo y gas a las compañías de los países OPEP, sin exigir autorizaciones adicionales.
El segundo nivel de oposición está vinculado al conflicto ucraniano. A pesar del evidente deseo de diversificación de los suministros de gas, la obtención de cualquier consenso entre los socios rusos y europeos se ha complicado mucho por culpa del recrudecimiento de las tensiones por ambas partes.
Por desgracia, en relación con lo expuesto, el proceso de búsqueda de una solución para el South Stream a todas luces se ha ralentizado. Por lo demás, el interés de las partes en el proyecto permitirá probablemente encontrar un compromiso, pero ahora exigirá más tiempo, al menos algunos meses más, así como grandes esfuerzos.
Alexander Kurdin es director de estudios estratégicos en el ámbito de la energética en el Centro de Análisis del Gobierno de Rusia.
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