El problema de los no-ciudadanos en las repúblicas bálticas

Según los datos recogidos en el World Factbook de la CIA, el 25,6% de los 1.266.375 habitantes de Estonia y el 27,8% de los 2.178.443 habitantes de Letonia son étnicamente rusos, gran parte de los cuales están catalogados como no-ciudadanos, por lo que carecen de derechos básicos como el sufragio en las elecciones generales y el acceso a diversos cargos en la administración. 

La persistencia de esa situación discriminatoria, más de dos décadas después de desaparecer la Unión Soviética, es cuando menos sorprendente si se considera que ambos Estados son miembros de pleno derecho de la Unión Europea, adalid de la defensa de los derechos humanos, y ha venido representando una importante fuente de conflicto con la Federación de Rusia. 

El origen del problema: la caótica disolución de la URSS

Las tres repúblicas bálticas se independizaron tras la Primera Guerra Mundial, pero en 1940 el Kremlin restauró su dominio sobre la región. En las siguientes décadas se produjo un incremento de su población étnicamente eslava (rusos y ucranianos), como consecuencia de las migraciones forzadas y de la deportación de pobladores locales víctimas de la represión política.

En la etapa final de la URSS unos 20 millones de rusos étnicos habitaban fuera de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y pasaron a ser extranjeros en su propio hogar conforme las distintas repúblicas iban proclamando su independencia. En algunos casos, como en Kazajstán dónde representaban el 37 % de la población, su integración fue modélica, pero en el Báltico la situación fue muy distinta.

Así, Lituania decidió en 1991 que todos sus residentes pasaran a ser ciudadanos de pleno derecho del nuevo Estado, sin importar la etnia de origen. En esa decisión influyó que los rusos sólo representaban un 9 % de la población y no eran percibidos como un posible factor desestabilizador. Pero en Estonia y Letonia, dónde los rusos superaban el 30%, se consideró que  otorgarles la ciudadanía supondría tener una quinta columna trabajando para Moscú.

Por ello, ambos países establecieron que sólo tendrían estatus de ciudadano estonio o letón aquellos que tuvieran esa nacionalidad en junio de 1940 y sus descendientes. En lo que respecta a los llegados con posterioridad, podrían adquirir la ciudadanía tras un proceso de naturalización, que implicaba superar unas duras pruebas de conocimiento de las lenguas locales.

En la práctica muchos de los rusos étnicos en Estonia y Letonia no lograron la ciudadanía, en algunos casos voluntariamente para no perder la posibilidad de viajar a Rusia sin visado, y en otros casos porque se trataba de personas ancianas o enfermas que no eran capaces de superar las pruebas. Además, se establecieron unos cupos máximos anuales para no variar el equilibrio de poder.

Por citar un ejemplo llamativo, la constitución estonia establecía que sólo los ciudadanos podrían ocupar cargos públicos, incluso a nivel local. Como consecuencia en la ciudad de Narva, dónde el 95 % de la población eran rusos étnicos, nadie podía ser candidato en las elecciones locales, lo que obligó a relajar la legislación para estos casos extremos.  

Las fallidas oportunidades de solución

Fue por tanto una mezcla del resentimiento por los siglos de dominación y del miedo a la influencia que Moscú podría ejercer sobre los rusos para desestabilizar a los nuevos estados la que dio lugar a una situación única en Europa, con países en los que el 30% de la población no eran ciudadanos y quedaron marcados con los llamados pasaportes grises.

Como no podía ser de otro modo, esto produjo problemas con Rusia, que llevó en 1992 el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas. En esa época el Kremlin usó como elemento de presión el retraso en la retirada de las tropas del antiguo Ejército Rojo acantonadas en Estonia y Letonia, pero en junio de 1994 el Senado estadounidense condicionó la ayuda económica a Rusia a la retirada definitiva de los militares, obligando al Presidente Yeltsin a claudicar.

El hecho es que la discriminación de los rusos se perpetuó, lo que llevó al Ministro ruso de Exteriores Kozírev a afirmar que se estaba produciendo una limpieza étnica. Además, el Concepto de Política Exterior de Rusia de 1993 estableció que la defensa de los rusos en el exterior era un interés esencial de la Federación, lo que mantuvo muy viva la tensión con Tallin y Riga.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), consciente del problema, aprobó la creación de unas misiones en Estonia y Letonia para supervisar la situación de los rusos étnicos, logrando progresivamente suavizar las condiciones de acceso a la ciudadanía. Con todo, el mayor elemento de presión para cambiar la legislación discriminatoria estuvo en manos de la UE durante las negociaciones de adhesión.

Sin embargo, y aunque se produjeron avances, la decisión política de alto nivel de integrar a cualquier precio a estas antiguas repúblicas soviéticas en Occidente llevó a cerrar en 2002 las mencionadas misiones, y en 2004 se produjo su ingreso tanto en la UE como en la OTAN.

Esto coincidió con la recuperación del estatus de gran potencia por parte de Rusia durante el segundo mandato presidencial de Vladímir Putin, lo que se reflejó en los graves incidentes de 2007, cuando el gobierno estonio decidió retirar la estatua del soldado soviético del centro de Tallin, provocando una revuelta de la minoría rusa y una serie de graves ataques cibernéticos.

Conclusión y perspectivas

Aunque la comunidad internacional, y en particular la UE, haga la vista gorda e ignore la falta de derechos básicos de las minorías étnicas en Estonia y Letonia, esta cuestión sigue siendo motivo de disputa con Rusia y provoca que la posibilidad de un conflicto, aunque no sea armado, siga muy latente.

Ante la falta de avances, el problema se está resolviendo por sí solo por dos razones principales: el paso del tiempo, que provoca que los rusos étnicos de mayor edad vayan falleciendo, y el ingreso en la UE, que ha representado un incentivo para la naturalización de los rusos, ya que la ciudadanía estonia o letona conlleva desde 2004 el plus de permitir el libre movimiento por los restantes estados miembros de la Unión.

En conclusión, Estonia y Letonia podrán presumir de la disminución progresiva del número de residentes no-ciudadanos, pero en ningún caso se ha debido a una voluntad real de cambiar la legislación discriminatoria.

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